La jueza Iraida Rodríguez no determinó causa para arresto contra seis policías por la muerte del adolescente Javier Antonio Cordero Nevárez, de 16 años, quien murió tras ser baleado durante una intervención en Puerto Nuevo, el 1 de agosto de 2022.

La fiscal Yolanda Morales Santiago, División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC), a su salida de la sala de investigaciones de San Juan, explicó que inmediatamente se solicitó una Vista de Regla 6 en alzada.

”Es nuestra posición que nosotros pasamos prueba más allá del estándar requerido en esta etapa de los procedimientos, esto es una investigación extensa, una investigación muy técnica. Nosotros llevamos a cabo no solamente unos análisis básicos, sino también que utilizamos tecnología avanzada en la reconstrucción de la escena para nosotros estar bien claros de cuáles eran los resultados de lo que ocurrió esa noche allí”, sostuvo Morales Santiago.

La vista fue pautada para el 30 de abril a las 8:30 a.m.

La División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia y el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) radicó esta tarde cargos criminales contra los policías, identificados como los agentes Giovanny Santiago Avilés, Roseanne Ruiz Cisneros, Félix Ahmed De Jesús Abreu, Luis Enrique Vélez Mari, Kelvin Omar Meléndez Monsegur y Paola M. Farías Santiago.

Ruiz Cisneros enfrentó cargos por asesinato, poner en riesgo la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego (artículo 249 del Código Penal) y violar el artículo 6.14 de la Ley de Armas por Disparar o Apuntar Armas de Fuego.

Santiago Avilés, Vélez Mari y De Jesús Abreu fueron acusados por los delitos de tentativa de asesinato, poner en riesgo la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego (artículo 249 del Código Penal) y violar el artículo 6.14 de la Ley de Armas por Disparar o Apuntar Armas de Fuego.

Mientras que Meléndez Monsegur y Farías Santiago por violar los artículos 249 del CP y 6.14 de la Ley de Armas.

No se radicaron cargos contra el sargento Ángel Alicea y la agente Carmen Cacho ya que la prueba recopilada no los vinculó con algún delito.

De acuerdo con informes preliminares, la persecución comenzó a las 7:00 p.m. del 1 de agosto de 2022 cuando agentes de la División de Vehículos Hurtados de Carolina seguían la ruta que tomó una guagua que era rastreada mediante el sistema de “GPS” por su propietario desde que se la hurtaron en la urbanización Villa Fontana.

Por esta razón, el vehículo no tenía gravamen ya que poseían sus coordenadas. La guagua Hyundai Tucson de 2016 se movió de los residenciales Vista Hermosa, en Puerto Nuevo, al Luis Llorens Torres, en Santurce y retornó a Vista Hermosa. Luego salió.

Los patrulleros del Precinto de Puerto Nuevo fueron alertados mediante el radio de comunicaciones de que el vehículo sospechoso había salido y les solicitaron refuerzos.

El conductor fue perseguido hasta llegar a la intersección de las calles 40 SO y 15 SO de la urbanización La Riviera, en Puerto Nuevo, que no tenía salida, entonces dio retroceso y chocó con la verja al subirse a la acera.

La versión inicial que surgió de NPPR es que el conductor intentó atropellarlos y al verse acorralado le dispararon. La mayoría de los impactos de bala en la carrocería del vehículo estaban en la puerta del lado del pasajero.

El menor no estaba armado.

Su cadáver presentaba al menos 12 balazos en el cuello el pecho y las extremidades y en la escena se recuperó como evidencia 61 casquillos de calibre 9 milímetros.

Su progenitora, Sheila Nevárez, acudió al tribunal con familiares y expresó a medios de comunicación su deseo de que se haga justicia.

“Que se haga justicia a mi hijo, que los guardias paguen por lo que hicieron”, aseveró la atribulada madre, quien estaba acompañada de familiares y del licenciado Fermín Arraiza, director legal de La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, siglas en inglés) capítulo de Puerto Rico. El abogado representa a la familia en una demanda civil en el Tribunal Federal.

Lamenta la situación

Más temprano en el día, el gobernador Pedro Pierluisi lamentó la situación, pero defendió a la Uniformada asegurando que la mayoría de sus miembros cumple con su deber respetando las leyes y derechos.

“La Policía tiene más de 10,000 miembros. La inmensa mayoría es gente que cumple su deber. Pero cuando ocurren situaciones como esa, para eso tenemos al Departamento de Justicia, para eso tenemos la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia, el NIE (Negociado de Investigaciones Especiales), que son precisamente las entidades que velan por los derechos civiles de la población, y si detectan que ha habido cualquier tipo de irregularidad o falla que conlleva la radicación de cargos contra policías no van a titubear para hacerlo”, indicó el gobernador.

“Eso lo que demuestra es que somos una sociedad de ley y orden. No hay excepciones, incluyendo cuando miembros de la Policía, que son claramente muy pocos, fallan”, agregó, en expresiones emitidas luego de un anuncio en Naranjito relacionado con la reconstrucción de escuelas.