El juez Orlando Puldón Gómez, de la Sala de Investigaciones del Tribunal de Carolina, no encontró causa para arresto contra el senador Javier Aponte Dalmau por dos cargos menos graves de alteración a la paz y agresión simple, por un altercado ocurrido el 4 de febrero con su entonces chofer Rafael Rivera Ramos.

El fiscal Orlando Barroso Rosario sometió el caso con tres declaraciones juradas, una de ellas de Rivera Ramos, quien no estuvo presente en la vista judicial.

Aponte Dalmau, por su parte, llegó antes de las 2:00 de la tarde, que era la hora señalada para el caso, acompañado de su esposa, María Josefa Dabastos, quien está pendiente de ser confirmada como jueza de Tribunal de Primera Instancia tras ser nominada este año por el gobernador Pedro Pierluisi.

Junto al legislador también estaba una batería de cuatro abogados –los licenciados José Andreu Fuentes, Ricardo Prieto, César López Cintrón y Luis Calderón Robles, además de varios empleados del Senado.

A salida del tribunal, Aponte Dalmau expresó que lo que ocurrió el pasado 4 de febrero fue una mera discusión. “Hoy se hizo justicia…”, sostuvo el legislador. A preguntas de periodistas, dijo que no va a tomar acción legal contra ninguna persona, refiriéndose al querellante.

“Para mí esto acaba aquí”, agregó.

El fiscal Barroso Rosario, por su parte, adelantó que iría en alzada.

“Este caso de lo que se trata realmente es de hacerle daño a la carrera política del senador por parte del supuesto querellante, donde él básicamente ha extorsionado al senador pidiéndole dinero a cambio de no hacerle daño a su carrera política. Hoy se demuestra claramente cómo este señor lo que hace es tratar de vengarse de una disputa laboral que él tuvo porque fue despedido, anteriormente había sido amonestado en el trabajo y eventualmente despedido y ahora esta persona para hacer daño en venganza, hace esto”, dijo el licenciado Andreu Fuentes.

El abogado indicó a periodistas que antes de que se radicara el caso le solicitaron al Departamento de Justicia que investigara una carta que Rivera Ramos le envió al senador Aponte Dalmau, a través de un abogado, en la que le exigía una compensación de $50 mil.

“Rogamos que usted o su abogado se comunique con el suscribiente para dialogar sobre este asunto y otros, de quizás, mayor importancia para su carrera política”, dice el licenciado Antonio Iguina González en representación de Rivera Ramos en la misiva enviada a Aponte Dalmau con fecha del pasado 23 de febrero. En la carta, que tiene como asunto “reclamación en daños y perjuicios”, Iguina González dice que su representado tiene interés en presentar una reclamación extrajudicial por “los daños experimentados”.

“Nosotros le pedimos al Departamento de Justicia que tomara cartas en el asunto porque esto es una extorsión y mandamos una carta pidiéndole a Justicia que investigara esto porque, evidentemente, esta persona, su interés no es verdaderamente que lo agredieron, sino que su interés es dinero y lo que está es extorsionando. Además, en la radio y en la televisión ha dicho que él va a obligar al senador a que renuncie y eso, además de la carta, demuestra las verdaderas intenciones de él”, sostuvo Andreu Fuentes.

Sin embargo, el letrado dijo que Justicia nunca les contestó. Indicó también que le hicieron saber que Rivera había sido destituido de la Policía y que lo omitió cuando solicitó empleo en la oficina del legislador.

Por su parte, el fiscal indicó que el juez determinó no causa porque el juez entendió que el Ministerio Público no cumplió con el requisito de identificación del imputado. Nosotros estamos en total desacuerdo con esa determinación. “Nosotros presentamos un testigo que fue el sargento de la Policía que condujo esta investigación y él en efecto identificó al acusado en sala y nosotros entendemos que en esta etapa de los procedimientos eso es más que suficiente para cumplir con ese requisito de identificación”, reclamó Barroso Rosario.

“Vamos en alzada porque entendemos que aquí no se resolvió el asunto en sus méritos, meramente el juez se apegó de lo que él entendía que era una insuficiencia la identificación con lo que estamos en desacuerdo. Entendemos que todos los elementos para determinar causa en esta etapa particular de los procedimientos fueron presentados al tribunal”, sostuvo el fiscal.

Al preguntársele por qué no llevó al querellante a la vista, Barroso Rosario dijo que “la normativa vigente de derecho no me obliga a traer al querellante y permite presentar el caso mediante declaración jurada”.

Además de la declaración jurada de Rivera, el fiscal presentó la declaración jurada del sargento Gabriel López, quien investigó el incidente y otra, de la esposa del querellante.

El querellante, Rivera Ramos, alegó que el día de los hechos a eso de las 9:30 p.m., mientras transitaba por la Ruta 66, al llegar al kilómetro 12.4, en Canóvanas, presuntamente Aponte Dalmau lo agarró por la parte posterior de la cabeza y, presuntamente, le expresó “que tenía ganas de darle un par de puños”, tras bajarlo del vehículo.

De acuerdo con la información que ha trascendido, horas antes el legislador estuvo reunido con el alcalde de Luquillo, Jesús Márquez Rodríguez y al culminar su jornada de trabajo acudieron a un negocio en una comunidad tras recibir una invitación donde se alega que se consumieron bebidas embriagantes.

El legislador se amparó a su derecho a no declarar sobre los sucesos cuando fue citado al CIC de Carolina por instrucciones de los abogados de su defensa.

Cuando se dio a conocer la radicación de la querella en su contra, Aponte Dalmau, en declaraciones escritas se mostró sorprendido y alegó que sostuvo una discusión verbal con su entonces chofer, luego de notificarle que estaba despedido porque presuntamente no estaba satisfecho con el desempeño de sus labores.

“Durante la noche del viernes, mientras regresaba a mi residencia tras haber culminado mis labores sostuve una discusión estrictamente verbal con mi chofer, Rafael Rivera. Esta discusión se debió a diferencias que ya habíamos mantenido sobre mi inconformidad con su desempeño en los pasados meses. En la discusión, le manifesté a mi empleado que prescindiría de sus servicios de manera inmediata, a lo que este reaccionó de manera virulenta y destemplada causándome total asombro”, según el senador por el Distrito de Carolina.

El querellante fue entrevistado por el agente José López Pagán y el sargento Gabriel López, adscritos a la División de Agresiones de Carolina, a cargo de la pesquisa junto al fiscal Barroso Rosario.

Justicia contesta

Tras la determinación que se emitió en el Tribunal de Carolina a favor del senador Aponte Dalmau, el Departamento de Justicia sostuvo en la tarde que Fiscalía intentará encontrar causa contra el legislador popular por los cargos de agresión simple y alteración a la paz en una vista en alzada.

En declaraciones escritas, Barroso Rosario se mostró en desacuerdo con la determinación del juez Puldón Gómez y aseguró haber cumplido con el estándar de evidencia y procedimiento requerido en este proceso.

“Presentamos prueba más que suficiente en esta etapa y cumplimos con todo el rigor que exige el tribunal, incluyendo la debida indentificación del imputado. Respetamos, pero diferimos de la decisión, por lo que presentaremos el caso en alzada”, indicó.

Según desprende del comunicado de la agencia, durante la vista celebrada al amparo de la Regla 6 de Procedimiento Criminal, el juez exigió que el Ministerio Público entregara las declaraciones juradas a la defensa de Aponte Dalmau.

“El Art. 108 dispone que toda persona que ilegalmente, por cualquier medio o forma, cause a otra una lesión a su integridad corporal, incurrirá en delito menos grave; mientras que el Artículo 241 tipifica la alteración a la paz cuando se perturbe la tranquilidad de una persona mediante provocaciones o palabras insultantes o actos que puedan provocar una reacción violenta”, agregó.