Según adelantó Carlos Sagardía, abogado de Hernández, la fiscalía solo presentó un testigo y no se probó que hubiese intención criminal al no radicar sus planillas.

Hernández se declaró culpable en el foro federal de varios cargos relacionados a un esquema de corrupción gestado por él y su socio Héctor Vargas para obtener de forma fraudulenta contratos con el gobierno.

El caso estatal por otra parte era contra Hernández, su esposa, Verónica Ponce, y una de sus empresas, Kendall Consulting Group, que según las denuncias, dejaron de reportar $476,147 en ingresos durante el año 2014.

La defensa de Hernández Pérez había alegado anteriormente que éste no cumplió con su deber contributivo debido a que el contable que lo asesoraba en ese momento le detuvo todos los documentos, y el banco no quería otorgarle sus estados financieros por encontrarse en arresto domiciliario, por lo que no contaba con la información para radicar las planillas.