La sección de Drogas y Armas del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) diligenció hoy 16 órdenes de arresto durante la redada denominada “Ghost Gun” contra el trasiego ilegal de armas de fuego y municiones, en Caguas, Las Piedras, Trujillo Alto, Carolina y San Juan.

Al presente, 12 personas están en custodia del NIE, uno se encuentra fuera de Puerto Rico, dos están fugitivos y otro de los objetivos falleció, en circunstancias no reveladas. Las fianzas de las órdenes de arresto ascienden a $4.7 millones.

“Se ocuparon 43 armas de fuego de diversos calibres, incluyendo rifles de asalto, pistolas AR, pistolas semiautomáticas, armas mutiladas y armas modificadas con aditamentos, conocidos como ‘chips’ para disparar automático”, detalló el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres.

Este es el resultado de 32 transacciones con agentes encubiertos para la compra de estas balas y municiones durante 18 meses de investigación, en las que se descubrió el uso de licencias legales de portación de armas de fuego para la compra de miles de balas para su venta en el bajo mundo.

Por su parte, el director del NIE, Rafael Freyres, se refirió a los arrestados como altamente peligrosos, quienes trabajan de manera independiente.

“La investigación reveló que no solo se dedican a vender armas de fuego, sino que trafican drogas, vehículos hurtados, así como otros delitos mayores que no vamos a divulgar, así que son individuos altamente peligrosos que esperamos procesar”, exclamó Freyes, quien aseguró que cuentan con evidencia sólida.

Sobre el fugitivo que se encuentra fuera de la isla, se indicó que tiene licencia de portación de armas y participó en ventas de armas de fuego y municiones

“Sabemos dónde está, la recomendación que le hacemos es que se entregue...tuvo días que compró hasta 2,300 municiones (en dos días), eso es el reflejo de nuestra investigación y es lo serio de este asunto”, afirmó Freytes, al resaltar que aquellos que hagan mal uso de sus licencias de armas de fuego, serán procesados.

Aclaró que no quiere generalizar, porque esta cantidad de compra de balas no es ilegal, aunque sospechosas. La ley establecer que el Negociado de la Policía de Puerto Rico, no puede intervenir a menos que en tenedor de la licencia compre más de 20,000 balas en un año.