Llegan a acuerdos.

Las partes envueltas en el caso civil federal de Inés María Jelú Iravedra contra Héctor O’Neill Rosa, hijo del alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill García, por hostigamiento sexual, fueron ordenadas por la magistrada Silvia Carreño Coll a reunirse a dirimir sus diferencias antes de tomar una decisión en la vista de estatus que se celebró hoy en la sala 8 del Tribunal Federal.

Luego de una hora y 15 minutos de reunión a puerta cerrada, las partes aclararon sus diferencias, aunque no vertieron en sala a que acuerdo habían llegado. Luis Pérez Giusti, en representación del Municipio, dijo a la prensa que la discusión se centró en temas de descubrimiento de prueba y nada más. 

Por su parte, la magistrada Carreño Coll señaló desde el estrado que añadiría el acuerdo en la documentación del tribunal sin ofrecer más detalles.

Previo a esta reunión, los abogados Pérez Giusti, Mariel Haack Pizarro, representando al Municipio de Guaynabo, y Celina Romany, quien representa a O’Neill Rosa y llegó de oyente a la sala de la magistrada, se carearon con los representantes legales de Jelú, Pedro Vázquez y José Quetglas, quienes alegaron que todavía no se han contestado los pedidos para que el ayuntamiento provea información sobre los casos de hostigamiento sexual que ya han pasado por el Municipio.

El equipo legal del Municipio no ha entregado información de casos anteriores relacionados a hostigamiento, como han solicitado los demandantes, cuestionando que los datos de esos casos previos "no son pertinentes" para resolver esta demanda.

Pérez Giusti alegó repetidas veces que no se llegó a un acuerdo porque no han podido reunirse y Quetglas contrarrestó la versión indicando que ha mandado dos mociones para obtener la información, “en vano”.

“Es difícil para mí creer que se han reunido por horas y no han llegado a un acuerdo”, indicó la magistrada.

“Es cierto. Si hubieran sacado media hora…”, comentó Pérez Giusty, propiciando que Quetglas volviera a reclamar que se han enviado invitaciones y peticiones de descubrimiento de prueba y “nunca nos han contestado”.

“Enviamos un largo memorándum, los invitamos. Está en el docket número 56. Les enviamos una carta para invitarlos a conferenciar y no respondieron”, argumentó el abogado de Jelú.

Quetglas agregó que han tratado de conseguir información a través de un funcionario de Recursos Humanos, Eduardo Faría, con respecto a las querellas anteriores y “dijeron que no podían darnos los documentos y no se pronunciarían al respecto”.

“Si ellos dicen que la prueba es irrelevante tienen que sostenerlo”, afirmó   Quetglas en entrevista telefónica con este medio. “La relevancia es obvia”.

“Cuando objetaron (a nuestras peticiones) le hicimos una carta larguísima y les dimos dos fechas alternas para que nos llamaran, y nada. Ni nos llamaron, ni produjeron el material”, indicó Quetglas.

“Entendemos que no hay buena fe. Tuvimos que pedir la intervención del tribunal y ya vieron que allí mismo se resolvió”,  agregó.