A cinco meses de la tragedia en la central termoeléctrica de San Juan, que cobró la vida de dos empleados y dejó otros dos con heridas graves, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) encontró  54 violaciones, tres de ellas de carácter intencional, por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

El incidente ocurrió el 13 de julio.

Tras los hallazgos, OSHA determinó penalizar a la AEE con multas ascendentes a $359,000 por incumplir con la seguridad de los empleados.

Sin embargo, la corporación pública tiene 15 días para impugnar el resultado de la pesquisa, informó el secretario auxiliar de Salud y Seguridad en el Empleo de OSHA, Israel Droz Alvarado.

Ese plazo vence dentro de cinco días.

Se espera que la Unión de Trabajadores de la Industria  Electricidad y Riego (Utier) haga hoy una rueda de prensa para hablar de los resultados de la investigación.

Droz Alvarado indicó que estaba impedido de dar detalles, de las fallas encontradas hasta que pasen 30 días,  cuando pueden hacer pública toda la información.

“Sí le puedo decir que hemos identificado  deficiencias en los protocolos para trabajar en espacios confinados, fallas en los adiestramientos para esos empleados,  utilización de equipo no aprobado para trabajar en área de atmósfera con posibilidad de explosión”, declaró el funcionario. 

 Tantas son las deficiencias de la AEE que Droz Alvarado está diseñando un nuevo plan para que -adicional a las multas- la corporación pública y sus empleados tanto gerenciales como unionados, comiencen a trabajar de manera distinta en torno a la seguridad.

“Es que una penalidad no garantiza la corrección ni la seguridad de un trabajador. Vamos a trabajar esto de forma distinta a como anteriormente. Hay que buscar la forma de trabajar juntos con la Autoridad, los representantes de los empleados, PR-OSHA y cualquier otra instrumentalidad para asegurar la seguridad de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica”, señaló.

Según el funcionario, tras revisar los protocolos y con el historial de penalidades que acumula la AEE, es más importante reunir esfuerzos para lograr de una vez y por todas que haya un ambiente seguro.

“Las penalidades ya están establecidas por OSHA y no las podemos eliminar, pero mi intención es buscar alternativas para unir ese grupo de personas y trabajar en conjunto”, adelantó.

En un escueto comunicado de prensa la jefa de la División de Salud Ocupacional de la AEE, Yenisa Salva Huertas, reaccionó a la determinación de  OSHA de la siguiente manera:

“Puerto Rico OSHA emitió las citaciones basadas en la inspección realizada como consecuencia del incidente ocurrido el pasado 13 de julio de 2014, en la Central San Juan. La Autoridad se encuentra en el proceso de evaluar las mismas para así tomar la determinación del curso de acción a seguir según la reglamentación de Puerto Rico OSHA”.

Hay que recordar que un equipo de altos ejecutivos de la AEE se encontraban ayer en Nueva York presentando un plan de negocios a cinco años ante los bonistas, debido a la crisis fiscal que confronta la corporación.

Trabajo complicado

Para llegar a las conclusiones o citaciones sobre el trágico incidente que ocurrió en la turbina de la Central Generatriz San Juan, OSHA requirió de tres especialistas “con adiestramiento en power generation...  en electricidad, en los trabajos dentro de espacios confinados y en ingeniería industrial”. 

“No se trató de una sola persona. Fue una investigación en tiempo récord de cinco meses con resultados, con muestras recolectadas y piezas que se mandaron a analizar en los laboratorios de OSHA en Utah”, detalló Droz Alvarado.

Además, dijo  que el trabajo de campo para averiguar las razones de la explosión fue uno bien organizado.

“Eso ya lo ha reconocido la unión (Utier) y la gerencia”, dijo. 

El superintendente auxiliar dijo que OSHA tiene jurisdicción para investigar los accidentes que ocurren en todas  las industrias en Puerto Rico, sea en  farmacéuticas o en termoeléctricas, como en este caso.

“Durante esas pesquisas se tiene que reconstruir todo ese proceso de manejo que tenga la empresa y puede ser que se trate de un proceso que no lo hayamos visto anteriormente. Hay que leerse todos los protocolos, todos los reglamentos, montar el protocolo, entenderlo, saber qué entraba por aquí y qué salía por allá, llegar a conclusiones válidas y razonables desde el punto de vista científico. Todo documentado con evidencia científica que se pueda sostener ante el oficial examinador”, destacó.

En el caso particular de la explosión de la Central de San Juan, dijo que se investigó el turbo generador que se enfría con hidrógeno.

“Lo tuvimos que desmenuzar, saber por qué había hidrógeno acumulado y todas esas cosas. La instrumentación se investiga, todo lo que usaron para medir cualquier químico que había en el aire, todo esos récords hubo que estudiarlos también”, abundó.

Feo historial

En los pasados dos años, OSHA ha realizado 41 inspecciones en  la AEE en las que ha encontrado un total de 294 violaciones de seguridad a la Reglamentación de Higiene y Seguridad Industrial.

De esas pesquisas, 14 están impugnadas y ante la consideración de la División Legal de la AEE. El resto de los casos están activos y muchos de ellos implican  multas adicionales que la AEE tendría que pagar. 

“OSHA puede seguir haciendo inspecciones y multando pero eso no cambia la cultura de los empleados ni de la gerencia. Entre todos tenemos que buscar alternativas que ayuden a mejorar de una vez la seguridad del trabajador... Si fuera otro caso cerrábamos las plantas por 72 horas hasta que no se corrijan las situaciones, pero no puedo hacer eso con la luz”, lamentó Droz Alvarado, 

Dijo que la AEE no cualifica para unos programas cooperativos de mejoramiento, precisamente por la cantidad de multas que tiene pendientes por incumplimiento de protocolos.

“Pero vamos a buscar gente reconocida en la industria  y en el Gobierno que nos ayuden a desarrollar programas... y tengo mucha esperanza que nos va a funcionar. Yo lo voy a hacer por los empleados”, expresó.

Anteriormente la AEE hizo su propia pesquisa y responsabilizó a  seis empleados. Tres de ellos están suspendidos de empleo y sueldo, mientras como parte de un proceso administrativo se analizan  las medidas correctivas que deben imponerse a los otros tres.

La tragedia le costó la vida al operador de mecánica Sergio “Beto” Hernández y a Luis Rivera Rivera, quien murió diez días después.

Luis Sánchez Domínguez y Juan Rodríguez Tirado resultaron con heridas graves, pero ya están fuera de peligro.

Se espera que Sánchez Domínguez esté hoy en la rueda de prensa de la Utier.