El juez Alfonso Martínez Piovanetti, del Tribunal de San Juan, encontró causa para arresto contra una exempleada de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) imputada de presentar documentación falsa para obtener un puesto que ocupó en esa agencia.

Contra la mujer, identificada como Carmen Elena Santiago Ayala, se presentaron 13 denuncias por cargos de apropiación ilegal agravada, robo de identidad, fraude, traspaso de documentos falsos y violación a la Ley de Ética Gubernamental.

Martínez Piovanetti le fijó una fianza de $26,000, que fue diferida por la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ).

La vista preliminar en este caso fue señalada para el 18 de febrero.

De acuerdo con la investigación, en octubre de 2011, Santiago Ayala sometió certificaciones y diplomas falsos –de bachillerato y maestría– de la Universidad del Turabo para obtener el puesto de oficial administrativo en la División de Reclamaciones del CFSE en la Región de Humacao, cargo que ostentó por un tiempo.

La imputada, además, presentó documentos falsos para participar en cinco convocatorias dirigidas a puestos gerenciales de carrera en la agencia, durante los meses de diciembre de 2011 a mayo de 2012, informó el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa.

Las incongruencias en la documentación sometida, según indicó la citada agencia estatal, fueron encontradas por un analista de Recursos Humanos de la CFSE, quien refirió la investigación a la Oficina de Auditoría Interna de la agencia.

Entre las discrepancias observadas resaltó una certificación de maestría que indicaba que se había graduado con honores, pero no contenía el logo de la institución. También, se encontró que en los diplomas de bachillerato y maestría no figuraba la fecha completa de la otorgación del grado, sino que solo indicaba el mes.

La pesquisa hecha por la Oficina de Seguridad Interna reflejó que la Universidad del Turabo certificó que la imputada solo cursó en esa institución dos semestres académicos, entre agosto de 2008 a mayo de 2009, donde aprobó nueve créditos con un índice académico de 0.75.

Además de los documentos falsos que supuestamente certificaban su preparación académica, la mujer presentó certificaciones de empleo y cartas de recomendación simuladas del Municipio de Yabucoa y la empresa Caribbean Cinemas.

La acusada, quien renunció a su puesto el 30 de junio de 2012, devengó $13,128.66 de manera ilegal mientras ocupó ese puesto en la CFSE.

Santiago Ayala se expone a cumplir una pena de hasta ocho años de cárcel por apropiación ilegal de fondos bajo el Código Penal del 2004 y no cualificaría para probatoria por este cargo, dijo el Departamento de Justicia.

Por la violación al Artículo 4.2 (o) de la Ley de Ética Gubernamental de 2012, la imputada se expone a una pena de tres años de cárcel y una multa de $5,000.

El caso fue investigado por el fiscal Melvin Colón Bonet, de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia.