Debido a un accidente en su casa, Lilliam Álvarez de Toledo, convicta por timar a decenas de inmigrantes, no acudió a una evaluación psiquiátrica ordenada por el juez Julio de la Rosa Rivé, del Tribunal de Bayamón.

La mañana de hoy, los abogados por designación de oficio, Antonio Arraiza Miranda y Eduardo de Jesús García, le informaron al togado que la mujer no acudió a su cita en el Tribunal de San Juan, donde se debía realizar la evaluación el pasado 7 de julio, porque en la víspera sufrió una caída en su residencia que requirió de una hospitalización.

Los abogados presentaron un certificado médico del Doctor's Hospital, en Santurce, pero el documento no consignaba la fecha de la estadía en la institución. Solo indicaba el día en que arribó a recibir tratamiento médico.

Ante esta situación, el juez de la Rosa Rivé pidió un documento con mayores detalles para acreditar la justificación de la ausencia.

Así las cosas, pautó la evaluación psiquiátrica para el 4 de agosto. Mientras, la vista de procesabilidad donde la psiquiatra del Estado, Yamilka Rolón García, anunciará el resultado de esa evaluación -que se celebra al amparo de la Regla 240 de Procedimiento Criminal- se celebrará el 10 de agosto.

Como resultado de esta situación, el juez también aplazó la fecha de la vista de impugnación del informe presentencia, que estaba pautada para el 4 de agosto. Esa vista ahora se celebrará el 17 de agosto a las 10:00 a.m.

De la Rosa Rivé refirió a la mujer a la evaluación psiquiátrica porque en los pasados meses Álvarez de Toledo ha estado hospitalizada en varias ocasiones para recibir tratamiento psiquiátrico.

La fiscal Lorna Colón Rivera representó al Ministerio Público durante la vista de hoy.

La operadora de la compañía Welcome USA se declaró culpable de 64 cargos de fraude y de apropiación ilegal agravada por cobrar a 32 víctimas, mayormente de nacionalidad dominicana, por trámites para visados de viaje y de trabajo que no realizó.

Como parte del acuerdo con el Ministerio Público, la mujer restituirá $10,800. Esta cifra la pagará a través de mensualidades de $150.

A cambio, las partes recomendaron una sentencia suspendida de seis años, que rechazó la sociopenal Namir García, quien evaluó el caso.

La recomendación adversa se debe a que durante la investigación, la ahora convicta no contaba con un lugar de residencia estable. Sin embargo, en la vista pasada Álvarez de Toledo informó que había alquilado un apartamento en Santurce.

Para un sociopenal es importante un lugar de residencia permanente porque permite la supervisión adecuada y cercana del convicto o la convicta durante el periodo de la probatoria.

Según el Ministerio Público, la mujer timó a sus víctimas la cantidad de $37,000.

En medio de la radicación de cargos, Álvarez de Toledo perdió el negocio Welcome USA, que ofrecía servicios de gestoría de documentos a los extranjeros residentes en la Isla.