Puerto Rico se mantiene entre las áreas de mayor incidencia de lavado de dinero a pesar de la labor que realiza la banca local para minimizar ese tipo de delito, que le mereció un reconocimiento especial de las agencias de seguridad estadounidenses.

La Isla fue una de las tres primeras zonas designadas como de “alta incidencia” en el año 2000 y aún mantiene esa categoría. Durante este periodo sólo se agregaron otras tres regiones a la lista, indicó el agente especial a cargo de la Unidad de Investigaciones en Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) en Puerto Rico, Ángel Meléndez.

Explicó que la magnitud del problema en la Isla lo refleja el hecho de que la cantidad de dinero en efectivo confiscado el año pasado en Puerto Rico representa cerca de un 10 por ciento de todo el dinero que se confiscó en Estados Unidos. La cifra rebasa los $15 millones.

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, Arturo Carrión, informó que durante los 10 años comprendidos entre el 2001 y el 2010 las entidades financieras locales radicaron 48,323 informes de actividad sospechosa de lavado de dinero (SARS). La Isla, indicó, está clasificada en la posición número 27 entre los estados y jurisdicciones que tienen que cumplir con el estatuto federal que obliga a someter estos informes.

Esta labor le mereció reconocimientos al propio Carrión y al presidente del Grupo Especializado en Prevención de Fraude de la asociación, Juan de la Cruz. El Reconocimiento a la Excelencia de la Industria Privada lo otorgó la HSI en Estado Unidos.

La situación de Puerto Rico

Son varios los factores que definen a la Isla como área de alta incidencia de lavado de dinero, explica el agente Mélendez: “La cantidad de informes financieros de actividad sospechosa que se radican, la cantidad de investigaciones que llevan a cabo las agencias de ley y orden y la cantidad de confiscaciones en activos relacionadas a lavado de dinero son los factores más importantes que utiliza el Departamento del Tesoro”, dijo.

“Puerto Rico se ha mantenido ahí. El lugar mayor de dinero de narcodólares que se llevan a través de este tipo de actividad es hacia México, a través de la frontera de Estados Unidos con México. Sin embargo cuando hablamos de confiscaciones que se llevan a cabo aquí, en Puerto Rico, cuando tú comparas el territorio, estamos viendo que es algo alarmante”, afirmó.

“En base a las investigaciones de nosotros y de otras agencias, el dinero en efectivo en las calles de Puerto Rico es un problema serio, en el sentido que sabemos que son dineros producto de algún tipo de actividad y ellos están tratando de colocar ese dinero o moverlo”.

Tras recalcar que la banca está siendo efectiva en la detección de transacciones sospechosas, indica que se está recurriendo cada vez más al contrabando de dinero.

“El dinero que se está confiscando por el contrabando en las fronteras nos señala, nos da indicio, de que el trabajo que se está haciendo en las instituciones financieras está dando resultado. Se les está haciendo más difícil colocar ese dinero en las instituciones”.

Aseguró, por otro lado, que “el 100 por ciento de los informes de actividad sospechosa que se radican aquí, en Puerto Rico, se revisan”.

Expresó preocupación porque otros sectores económicos no ofrecen el mismo apoyo. “Hay otras áreas de industrias (hacia las) que nosotros estamos haciendo unos esfuerzos, unos acercamientos, –no las quiero mencionar– que entendemos que los programas de cumplimiento no se están llevando a cabo de esta forma. Ese tipo de cliente no deseable se está moviendo para esa otra industria”, sostuvo.

Preparada la banca

La presidenta del comité contra lavado de dinero de la Asociación de Bancos, Marilú Jiménez, y el encargado de esta área en el Banco Popular, Víctor Rodríguez, explican que la banca ha invertido millones de dólares para tener el equipo y el personal que les permita detectar actividad delictiva.

Jiménez indicó que se trata de “sistemas sofisticados para monitorear a los clientes para poder detectar actividad sospechosa”. Rodríguez agregó que se han desarrollado incluso “unos niveles de rango de riesgo para cada cliente” que se establecen desde la apertura de una cuenta.

Según Carrión, cerca de 300 empleados bancarios laboran en estas tareas de seguridad.

Meléndez añadió que su agencia invirtió cinco millones en un laboratorio cibernético en la Isla que cuenta con lo que llamó una “policía cibernética”.