Esta mañana agentes federales nuevamente se tiraron a la calle, esta vez de la Administración de Control de Drogas (DEA, en inglés), para diligenciar varias órdenes de arresto contra una ganga vinculada al lavado de dinero procedente del narcotráfico, confirmó Tony Velázquez, portavoz de prensa de la División del Caribe de la DEA.

Los arrestos se diligenciaron en Isabela, Aguadilla, Caguas, Fajardo y San Juan luego de que un gran jurado federal emitiera el pasado 10 de marzo una acusación de 62 cargos contra 14 personas.

Los arrestados este jueves fueron Roberto Brioso Canario, David Luis Zapata Félix, Walter Alexis Daynes Torres y Jesús Alberto Oriol Cabán, detalló por su parte la Fiscalía federal en un comunicado de prensa.

En la acusación también figuran Guillermo Andrés Beltrán Osorio, Enmanuel Matos Matos, Edgardo Delgado Carmona, Rafael Cruz Montalvo, Edgar Omar Báez Vargas y Franky Pagán Mendoza, quienes fueron detenidos previamente.

También fue acusado Carlos Javier Ruiz Patiño, alias “Hustler Man/Jordan/El Chamo”, quien figura en una lista de líderes de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico y lavado de dinero. Este fue arrestado el pasado 9 de marzo.

Faltan por arrestar otros tres imputados, indicó la Fiscalía.

Se alega que a partir de marzo de 2020 estos acordaron realizar más de $5 millones en transacciones financieras relacionadas con ganancias del narcotráfico. Usaron el sistema financiero de los Estados Unidos para ocultar dichas ganancias y transferirlas desde lugares dentro de los Estados Unidos, incluido Puerto Rico, hacia el extranjero.

Los cargos 2 al 52 de la acusación detallan 51 transacciones financieras que van desde $16,036.90 a $1,109,960 en ganancias del narcotráfico.

Los cargos 53 al 59 imputan a Ruiz Patiño de encubrimiento internacional de lavado de dinero. Se presume que Ruiz Patiño transfirió o transportó un total de $964,944.35 de Puerto Rico a Colombia y Canadá.

Los cargos 60 al 62 incluyen conspiración de importación de narcóticos, complicidad y conspiración de narcóticos.

La acusación también incluye un aviso de decomiso de un avión Cessna modelo 310Q, PT-JST, sus registros y manuales de vuelo y mantenimiento, junto con herramientas asociadas y repuestos incautados el 11 de noviembre de 2022; $139,940 incautados el 5 de junio de 2020; $179,900 incautados el 10 de septiembre de 2020; $1,000,130 incautados el 30 de septiembre de 2020; $1,009,960 incautados el 7 de marzo de 2022; y $102,461 incautados el 19 de octubre de 2022.

Por los delitos de lavado de dinero se exponen a una pena máxima de 20 años de cárcel, mientras que por los delitos de narcotráfico enfrentarían una pena mínima obligatoria de 10 años.

La DEA está a cargo de la investigación junto al fiscal federal Daniel J. Olinghouse y la colaboración del Buró Federal de Investigaciones, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, el Servicio de Rentas Internas y el Negociado de la Policía.

“Desde traficantes de drogas hasta lavadores de dinero, la DEA hará todo lo posible para que nuestras comunidades sean más seguras y saludables, y para revertir las devastadoras tendencias de violencia y sobredosis relacionadas con las drogas que plagan nuestras comunidades”, manifestó Denise Foster, agente especial a cargo de la División del Caribe de la agencia.

Este caso se anuncia un día después de que más de 400 recursos federales fueran movilizados para diligenciar 63 órdenes de arresto por narcotráfico en el suroeste de la Isla.

Las órdenes de arresto estaban dirigidas contra una ganga que operaba desde el 2015 en los residenciales públicos Manuel F. Rossy y El Recreo en San Germán y zonas limítrofes.

“Establecieron puntos de drogas en sus residencias. Uno de los puntos de drogas más grandes de la ganga era conocido como La pared, La frontera o La olla caliente, refiriéndose al muro que divide los residenciales Manuel F. Rossy y El Recreo, donde la mayoría de los vendedores se reunían para realizar actividades de narcotráfico a plena luz del día. También vendían drogas en la cancha de baloncesto, incluso frente a menores de edad”, explicó ayer Stephen Muldrow, fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico.

Incluso, esta pandilla tenía ventaja sobre las autoridades debido a su localización entre los residenciales, mencionó Joseph González, agente especial a cargo del FBI en Puerto Rico.

“Desde La frontera los acusados podían ver hacia los dos residenciales y esto les daba ventaja en caso de que la policía llegara mientras vendían drogas. Aún con esa ventaja aquí estamos hoy y regresaremos cuantas veces sea necesario porque no les vamos a entregar la Isla”, afirmó.

Los acusados se exponen a un mínimo de 10 años de prisión hasta cadena perpetua.

Agentes federales también fueron vistos en la calle el martes como parte de un allanamiento junto a autoridades francesas en el Viejo San Juan.

Dicho allanamiento se diligenció en la fundación de la ciudadana francesa Michelle Vasarely, relacionado a una investigación sobre el paradero de obras valoradas en más de $40 millones.