Una fianza de $2.3 millones le fue fijada ayer al dueño del concesionario Auto Gallery, Huber Torrado Colón, mientras a cinco de sus empleados también se le fijaron miles de dólares en fianza tras haber sido acusados por presuntamente llevar a cabo múltiples esquemas fraudulentos relacionados con la compra y venta de autos en la que sus víctimas eran principalmente adultos mayores de 60 años.

También fueron acusados ayer Yosty De Peña Encarnación, a quien se le fijó una fianza de $320,000; Alex Ortiz Marcano, con una fianza de $70,000; Osvaldo Cruz Rivera, contra quien se le impuso una fianza de $480,000; Jeanette Rosado Gómez, con fianza de $71,000 y Aníbal Rodríguez Ortiz, con fianza de $80,000.

El juez Carlos Capó, del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, fue quien impuso las sumas tras encontrar causa para arresto.

Del grupo, la mayoría quedó en libertad bajo fianza y con supervisión de un grillete electrónico. Sólo fue ingresado a prisión De Peña Encarnación, quien no prestó la suma, precisó el oficial de prensa de la comandancia de Caguas, Edgardo Ríos.

En total, Justicia presentó contra el sexteto 231 cargos criminales

El informe de la agencia establece que, “como parte de las prácticas ilegales cometidas, Torrado Colón y sus empleados convencían a los clientes para que entregaran sus vehículos al dealer como pronto pago para adquirir otros vehículos. Mediante contratos, estos se comprometían con los clientes a saldar cualquier balance de deuda que tuvieran sus vehículos por concepto de financiamiento, así como a realizar el cambio de registro de dueño. Sin embargo, nunca saldaban las deudas ni realizaban el cambio de dueño registral. De esta forma, provocaban que se les afectara el crédito a los clientes, quienes se quedaban con dos deudas, entre otras consecuencias. En algunos casos, hasta revendían los vehículos a otros clientes asumiendo nuevos préstamos que gravaban el mismo automóvil”.

También se explicó que “otro esquema fraudulento consistía en que lograban engañar a los clientes para que les entregaran sus vehículos con el compromiso de venderlos a consignación y reembolsarles una suma de dinero. Sin embargo, vendían los vehículos, pero nunca les entregaban a los clientes el dinero producto de la venta”.

Se indicó que en ocasiones Torrado Colón pagó cheques sin fondo a clientes e instituciones bancarias.

El dueño de Auto Gallery también es imputado de haberse apropiado ilegalmente del dinero que los clientes les entregaban para adquirir tablillas y marbetes.

Por estos hechos, el fiscal Francisco González Muñiz formuló 120 cargos contra Torrado Colón, que incluyen fraude, apropiación ilegal agravada, conspiración, emisión de cheques sin fondos, maltrato a personas de edad avanzada, destrucción de pruebas y apropiación ilegal de vehículos, al amparo del Código Penal y la Ley de Vehículos Hurtados de Puerto Rico.

Mientras, los cinco empleados del concesionario enfrentan 111 cargos que incluyen de fraude, apropiación ilegal, conspiración, apropiación ilegal de vehículos, y maltrato contra personas de edad avanzada.

A Rosado Gómez también se le formuló un cargo adicional por emisión de cheques falsos.

Según la investigación de los agentes del Negociado de la Policía, Carmen González Ortiz, adscrita a la División de Vehículos Hurtados, y Ramón Martínez Santiago, de la División Propiedad, el imputado desarrolló un esquema de fraude millonario en concierto y común acuerdo con los cinco empleados del concesionario, desde 2021 al 2023.

“Reafirmamos el compromiso del Departamento de Justicia con combatir el fraude en la Isla, especialmente este tipo de esquema que impacta directamente a los ciudadanos por parte de quienes intentan enriquecerse injustamente a costa del dolor ajeno. El caso presentado hoy involucra a decenas de víctimas, pero los perjudicados pudieran llegar a cientos de personas, por lo que esta investigación continúa. Exhortamos a todo aquel que entienda fue víctima de fraude a presentar una querella ante el Negociado de la Policía. Reconozco la gran labor del fiscal González Muñiz, adscrito a la Fiscalía de Caguas, dirigida por la fiscal Arlene Gardón, así como de los agentes que trabajaron en esta investigación compleja y extensa”, expresó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli.

La vista preliminar fue señalada para el próximo 7 de noviembre.