Para el senador popular Miguel Pereira, la Constitución del Estado Libre Asociado es clara al establecer que la población confinada no debe tener derecho al voto.

Por eso, cuestionó por qué el proyecto aprobado el martes en la Cámara de Representantes para eliminar el derecho al sufragio a los reos solo aplicaría prospectivamente.

“Creo que los confinados, claramente, están excluidos del proceso electoral por virtud del lenguaje constitucional, y no sé por qué insistimos en reconocer un privilegio que no existe. Yo creo que, mientras tú estés sirviendo activamente un período de encarcelamiento, tú no debes tener privilegio alguno”, dijo Pereira en un aparte con periodistas.

El senador Pereira, quien preside la Comisión de lo Jurídico del Senado, se desempeñó como secretario de Corrección y Rehabilitación en 2003, cuando fue designado al cargo por la entonces gobernadora Sila María Calderón.

El Artículo II de la ley máxima, en su Sección 12, establece que “la suspensión de los derechos civiles, incluyendo el derecho al sufragio, cesará al cumplirse la pena impuesta”.

“Es, para mí, bastante claro lo que quiere decir ese lenguaje, lo que implica, pero yo tendría que, en vistas públicas, escuchar los planteamientos de constitucionalistas, entre los cuales no estoy yo… así es que me gustaría discutir ese lenguaje y el lenguaje de los diarios constitucionales en vista pública”, enfatizó el senador.

Los representantes Carlos Vargas Ferrer y Ángel Bulerín Ramos, coautores de la pieza, utilizaron los argumentos constitucionales para fundamentar su rechazo al voto de los confinados. La medida fue aprobada en la Cámara con 26 votos a favor y 22 en contral.

En 1980, el entonces gobernador Carlos Romero Barceló firmó una ley que extendió el derecho al voto a la población penal en Puerto Rico. El exmandatario del Partido Nuevo Progresista posteriormente se retractó, y hoy afirma que las personas convictas de delito no deben tener participación electoral.

El proyecto, que ahora pasa ante la consideración del Senado, no le reconocería el derecho al sufragio a las personas convictas de delito grave que ingresen al sistema correccional luego de firmada la legislación.

Pereira argumentó también que distinguir entre delitos graves y menos graves al momento de aplicar la prohibición complicaría administrativamente la aplicación de la ley.

“El 99% de los confinados cumplen delitos graves, no sé por qué hicieron unas excepciones, eso monta un montón de problemas administrativos”, subrayó.

Pereira dijo desconocer aún si, como presidente de la Comisión senatorial de lo Jurídico, encabezará el análisis de la medida en el Alto Cuerpo, o si será su correligionario Ángel Rosa el que dirigirá el proceso en la Comisión de Gobierno. Pereira es también vicepresidente de esta última comisión legislativa.