El médico Juan José Tull Abreu, acusado por las autoridades federales de fraude contra el programa Medicare y contra planes médicos locales, a los que le sometía facturas sin prestar los servicios reclamados, renunció hoy a una vista ya que podría declararse culpable.

El médico, con oficinas en Arecibo y Utuado, compareció hoy, jueves, ante la magistrada Silvia Carreño, y anunció, a través de su abogado su intención de buscar un acuerdo con la Fiscalía para declararse culpable por los delitos imputados.

Tull Abreu, fue arrestado el pasado viernes y liberado eventualmente con una fianza de $10,000 y con la condición de permanecer bajo detención domiciliaria y con el uso de un grillete electrónico.

La acusación fue radicada por el fiscal Justin Martín, basado en una declaración jurada de una agente adscrita a la Oficina del Inspector General que investigó el caso y que asegura que evidenció las prácticas fraudulentas en las que incurrió el médico.

Entre estas, que preparó y envió para cobro facturas fechadas en días en que estaba en República Dominicana, y también durante los días viernes cuando su oficina estaba cerrada.

Según el examen de los documentos en la oficina del galeno, menos del uno por ciento de las “notas de progreso” de sus pacientes tenían la firma de este y carecían además de información sobre las razones por las que visitaron el consultorio.

La pesquisa contra Tull Abreu se originó por una querella que sometió la aseguradora First Medical, por sospechas de que el médico le estaba facturando indebidamente.

Otra posible violación señalada por la agente es la prescripción frecuente de medicamentos controlados, sin ofrecer la razón que lo justificara y, en muchos casos, con fechas distintas a las que se preparó la receta.

Estimó la investigadora que, según su análisis de las facturas que el acusado sometió mientras estaba en República Dominicana, este facturó indebidamente al Medicare cerca de $117,745 por supuestas visitas de pacientes a su oficina.

Calculó además que el cobro indebido de facturas por servicios supuestamente prestados el día en que su oficina estaba cerrada, supera los $22,000.

Las oficinas del médico en Arecibo y Utuado fueron allanadas en octubre del 2013 y en la gestión se ocupó parte de la evidencia que sostiene hoy las acusaciones en su contra, afirmó la agente en su declaración.

Asegura además que el propio acusado le admitió a la investigadora que no tenía a nadie que le sustituya en el consultorio en sus viajes frecuentes a República Dominicana, y que nunca abre los viernes su oficina.

El requisito de arresto domiciliario y el uso del grillete electrónico obedecen a que la agente investigadora informó al tribunal que el médico tenía planes de mudarse y establecerse en el vecino país.