La mayoría de los imputados en el caso federal por fraude en la venta de medicamentos y en el que sobresale el nombre del exbaloncelista Orlando “Guayacán” Santiago acogerán acuerdos de culpabilidad, informó ayer, viernes, la Fiscalía federal.

La moción informativa presentada por el jefe de los fiscales, W. Stephen Muldrow, y el fiscal Wallace A. Bustelo, no precisa si el otrora miembro del equipo nacional de Puerto Rico se encuentra o no entre los acusados que se declararía culpable. Sólo se informa de un acto general, en el que se pactan acuerdos que evitarán que los 25 imputados en este caso acudan a juicio.

Fue el pasado 25 de septiembre que agentes de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud federal (HHS-OIG, en inglés), así como la Oficina de Investigaciones Criminales de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, en inglés) desataron un operativo por un esquema de fraude mediante el cual se conspiró con propietarios y trabajadores de farmacias en Puerto Rico para desviar y vender medicamentos sin receta. Bajo esta conspiración, los imputados generaron sobre $13 millones en ingresos.

Durante el operativo, trascendió el nombre de Santiago, debido a la prominencia que alcanzó tras haber jugado varias temporadas en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) y además lideró la Selección Nacional de Puerto Rico Sub-17.

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Santiago y los demás acusados están en la actualidad libre bajo fianza.

Según el documento judicial, “la mayoría de los abogados han notificado al gobierno que sus clientes han expresado su voluntad de aceptar un acuerdo de culpabilidad. Se ha proporcionado mitigación y elementos de mitigación adicionales están pendientes de revisión o presentación. El gobierno está abierto a continuar recibiendo estos artículos hasta que las negociaciones se formalicen o se presenten ante el tribunal”.

Se informó, además, que los imputados, han presentado cartas y récords médicos que podrían mediar a la hora de evaluar las posibles sentencias recomendadas en este caso.

Este tipo de negociaciones es común en el tribunal federal. En la mayoría de los casos, se le eliminan varios delitos a los imputados y se promueve una sentencia a base de un solo cargo.

Este cargo por el que se declararían culpables los imputados no fue detallado en la moción informativa. Sí se reveló que entre ayer, viernes, y el próximo lunes todos los implicados habrían recibido la oferta que realiza la Fiscalía a través de correos electrónicos y que se han pautado para estas próximas dos semanas reuniones entre las partes para discutirlas.

Al grupo se le imputa realizar una conspiración entre propietarios y empleados de farmacias en la que desviaban medicamentos y los entregaban a personas fuera que los vendían y distribuían de manera ilegal, poniendo así en peligro la vida de miles de personas.

Los medicamentos que vendían, según la denuncia, estaban “mal etiquetados”. Por ejemplo, guardados en bolsas plásticas, y eran transportados a “diferentes sitios” de la Isla en grandes cantidades.

Entre los medicamentos que fueron desviados y vendidos de manera ilegal figuraron Advair, Albuterol, Alphagan, Anoro Ellipta, Arnuity Ellipta, Aspen Dexamfetamine, Atripla, Atrovent, Azopt, Bepreve, Biktarvy, Breo Ellipta, Brilinta, Budesonide, Bumetanide, Byrdureon Pen, Cialis, Chloramphenicol, Collagenase Santyl, Combigan, Ozempic, entre otros.

La lista de implicados la encabezan los dueños de farmacia. Estos son:

- Valerie M. Cintrón-Rivera: copropietaria de Farmacia Monte Verde en Bayamón

- Maria T. Rivera-Fuentes: copropietaria de Farmacia Monte Verde en Bayamón

- Jaime Figueroa-Ramos: propietario de Farmacia Santa Olaya en Bayamón

- Elisa Cruzado-Ramos: farmacéutica de Farmacia Santa Olaya en Bayamón

- Nivia Ríos-Matos: técnica de farmacia de Farmacia Santa Olaya en Bayamón

- Raúl Morera-Llera: copropietario de Farmacia Unity en Aibonito

- Enid M. Rivera-Rosario: copropietaria de Farmacia Unity en Aibonito

- Gerardo A. Romero-Marcano: copropietario de Farmacia San Antonio en Canóvanas

- Sheila Rodríguez-Agosto: copropietaria de Farmacia San Antonio en Canóvanas

- Gabriel A. Rodríguez-Malavé: copropietario de Farmacia Brisas del Mar en Luquillo

- Rosaida Torres: copropietaria de Farmacia Brisas del Mar en Luquillo

Los acusados que fueron identificados como distribuidores y vendedores de medicamentos sin autorización médica, son:

- Alberto Meléndez-Nieves, alias “Bertín”

- Angel L. Santiago-Cruz, alias “Aguacate”

- Eddin Orlando Santiago-Cordero, alias “Guayacán”

- Eric J. Collazo-Rivera, alias “Eric Manía”

- Javier E. Ortiz-Rivera, alias “Tato”

- Holvin E. Avilés-Carmona, alias “Holvin”

- Marlon E. Marino-Leal, alias “Chamo”

- José M. Amalbert-Rohena, alias “Chema”

- Miguel A. Rojas-Reyes, alias “Dr. Hacienda”

- Rosa M. Méndez-González, alias “Puruca”

- Antonio F. Portilla-Arzola, alias “Portilla”

- Reynaldo Guzmán-Martínez, alias “Bebo Canales”

- Moisés O. Heredia-Tineo, alias “Billy”

- José A. González-Maldonado, alias “Potala”

Cuando no mediaba un posible acuerdo de culpabilidad, trascendió que los imputados podían haber enfrentado, de ser declarados culpables durante un juicio, hasta 5 años de prisión por conspiración para defraudar a Estados Unidos, hasta 10 años de prisión por conspiración para distribuir medicamentos sin licencia de medicamentos recetados, hasta tres años de prisión por asociación comercial no autorizada y etiquetado engañoso de medicamentos, así como hasta 20 años de prisión por robo, tráfico y venta de productos médicos.