El presidente de la Comisión de Ética del Senado, Miguel Pereira, dijo que mediante procedimiento sumario se investigarían las alegaciones que han surgido contra la senadora Mari Tere González en el juicio federal contra presuntos cómplices del recaudador del Partido Popular Democrático (PPD).

Pereira explicó en Radio Isla que ese procedimiento sumario lo que implica es que pueden evaluar las alegaciones contra una persona sin el requisito formal –que se usa en la mayoría de los casos- de que haya una querella.

“Por lo general se requiere una querella jurada y una exposición completa de los hechos que configuran una querella, pero dada la proximidad de las elecciones el reglamento entonces permite un procedimiento sumario y este procedimiento es el que nos está alertando el presidente del senado (Eduardo Bhatia). Él señala ante la información que ha surgido en un proceso judicial, tenemos que estar pendiente, como nos informó ayer, de lo que está sucediendo en el tribunal y preparándonos para usar este proceso que señaló para atender una querella que no juramenta ni tiene conocimiento personal pero ha adquirido conocimiento de una manera que se pueda determinar públicamente”, dijo Pereira en la entrevista radial.

Explicó que se ha alertado a un panel de ciudadanos para atender un posible referido contra la senadora. Se trata de un grupo que ya estaba designado para colaborar con la comisión y que incluye un representante del Colegio de Abogados, un representante del Colegio de Contadores Públicos Autorizados y un representante de cada partido con representación en el Senado se alerta.

Una vez reciban un referido, la senadora sería notificada en un periodo de 48 horas, indicó Pereira. El proceso debe durar unos 20 días.

El referido dijo que tiene que ser en las próximas semanas porque si llega el referido 30 días antes de las elecciones generales el reglamento del Senado les prohíbe intervenir. Faltan unos 70 días para las elecciones

Pereira dijo que no tiene información de que la senadora esté contemplando renunciar.

González ha sido mencionada como una de las candidatas que recibió dinero para su campaña por parte de Hernández y que hizo gestiones, tras su elección, para que se nombraran a personas a puestos públicos.

Hernández fue acusado con otras 10 personas por un esquema de fraude ascendente a $2.1 millones. Seis de ellos, incluyendo a Hernández, llegaron a acuerdos para declararse culpables, y los cuatro restantes que ahora enfrentan juicio son  Sally  López, exadministradora de la Administración de Derecho Laboral (ADL); Ivonne Falcón, ex vicepresidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA); su hermana Marielis Falcón, así como Glenn Rivera Pizarro, ex asistente del administrador de la Cámara de Representantes.