"'Maestro, maestro, ¿qué nombre uso hoy, mi nombre verdadero o el falso que usted me dijo que usara la vez anterior?"'.

De esa forma, personal de la compañía de servicios de tutorías Rocket Learning obtenían las firmas de estudiantes para facturar por servicios educativos que realmente no ofrecieron.

Es por esto que la compañía con centros en San Juan, Caguas, Ponce y Arecibo y 31 de sus empleados gerenciales fueron acusados por un gran jurado federal por apropiarse de $954,297 de fondos de Título I del Departamento de Educación federal, en lo que las autoridades denominaron como la primera fase del operativo "Bad Grades" o "Malas notas".

El pliego acusatorio incluye 26 cargos por fraude postal por enviar pagos a través del Servicio Postal de Estados Unidos para pagar 26 facturas que contenían información fraudulenta entre 2011 y 2013, un cargo por robo de $954,297 de fondos federales Título I y 45 cargos por robo de identidad agravado, dado a que falsificaban nombres y firmas de los estudiantes para aparentar que estaban recibiendo tutorías.

La jefa de Fiscalía Federal, Rosa Emilia Rodríguez, explicó que los fondos de Título 1 se usan para el programa de Servicios de Educación Suplemental (SES) y Rocket Learning ofrecía servicios a aproximadamente 14,000 estudiantes al año. Entre 2011 y 2013, cobraron $34,503,096.98 de Título I, y de ese total, $954,297 fueron de facturas infladas.

Rodríguez detalló que los acusados falsificaban los registros biométricos de asistencia y documentos con firmas falsas de estudiantes, padres y maestros. Además, la directora de SES, directores regionales, directores de programas, coordinadores operativos, maestros y líderes de maestros acordaron maximizar la facturación de Rocket Learning para cobrar por servicios que no fueron prestados. Por lo cual, los directores de programas regionales y la directora de SES recibían bonos basados en la cantidad total de dinero facturado fraudulentamente.

La fiscal Rodríguez catalogó el caso como uno de "estudiantes fantasmas" y aclaró que, hasta el momento, no se han acusado maestros sino solo directores regionales y administrativos.

"Los estudiantes nunca existieron y la compañía facturó por servicios no rendidos... Enfatizamos esta primera fase en los que desarrollaron el esquema y dieron instrucciones. Si la prueba lleva a maestros, ahí llegaremos", sostuvo Rodríguez.

La investigación fue referida por la Oficina de la Contralora en febrero pasado, lo que dio pie a los allanamientos que agentes federales realizaron en 16 empresas de servicios educativos suplementarios en marzo pasado.

La contralora, Yesmín Valdivieso, describió la situación como "vergonzosa".

"El caso lo referimos en febrero pasado, y ya vemos los resultados. Me parece vergonzoso que sean mujeres y hombres puertorriqueños, que seguramente son madres y padres, los que hagan esto. Estos fondos son para el aprovechamiento educativo de niños y niñas desventajados. Lo usaron para lucrarse ellos. Me da rabia", dijo Valdivieso.

La agente especial a cargo de investigaciones de la Oficina del Inspector General del Departamento de Educación Federal, Yessyka Santana, por su parte, destacó que los acusados "pensaron que no serían atrapados", pero ahora deberán "rendir cuentas por engañar a los estudiantes de Puerto Rico".

El director del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Carlos Cases, confesó que cuando sus agentes le explicaron de lo que trataba la pesquisa, "por un momento pensé que se trataba de uno de los chistes de mal gusto del legendario 'Pepito'".

"Pero no, este caso se trata de la avaricia de la compañía Rocket Learning, un grupo de sus empleados y maestros del Departamento de Educación que se prestaron para llevar a cabo este fraude que atenta contra la educación de los niños más necesitados", manifestó Cases.

Explicó que ciertos maestros instruían a los estudiantes a ofrecer nombres falsos para "burlar el sistema de protección contra fraude que se había implementado para minimizar el robo de fondos federales destinados a mejorar la educación de los estudiantes más rezagados".

"De la investigación se desprende que algunos estudiantes le preguntaban a los maestros de las tutorías qué nombre se suponía que utilizaran y hacían preguntas como: 'Maestro, maestro, ¿qué nombre uso hoy? ¿Mi nombre verdadero o el falso que usted me instruyó que usara la vez anterior?'", agregó.

Cases dijo que este tipo de caso le hace entender "las frustraciones" de los padres con estudiantes en escuelas públicas y de educación especial, que recurren a los tribunales para que les provean los servicios educativos a los que tienen derecho por ley federal.

"Estos fraudes ocurren por la falta de controles adecuados y la falta de supervisión de las personas a cargo de programas como el de Servicios Educativos Suplementario. El Departamento de Educación es un monstruo burocrático y en momentos en que Washington está fiscalizando el uso de los fondos federales en Puerto Rico con más detenimiento, tiene un gran reto ante sí para mitigar y minimizar este tipo de fraude", añadió Cases, quien aclaró que los maestros involucrados "son los menos", por entender que la mayoría en el sistema público "son honestos, trabajadores y comprometidos con la educación de los estudiantes".

Por su parte, el agente especial a cargo de la Oficina de Seguridad Interna del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE-HSI), Ángel Meléndez, dijo que el caso era uno "de las cabras velando por las lechugas", en referencia a la pobre supervisión por parte del Departamento de Educación en este tipo de caso.

Mientras, no quisieron emitir comentario sobre si el Departamento de Educación estatal cooperó con la pesquisa, pero Valdivieso destacó que sabían que los estaban auditando. Esta mañana, el secretario de la gobernación, Víctor Suárez, aseguró que el secretario de Educación, Rafael Román, cooperó con las autoridades federales. 

En su página de internet, Rocket Learning destaca que también tienen sede en Estados Unidos. Su presidente y cofundador, Jaime Palés, no fue acusado. La compañía se creó en 2005 y señala que han ayudado a más de 100,000 niños en Puerto Rico y en Estados Unidos, y que "gracias a la confianza y el apoyo de los padres, maestros y estudiantes, nos hemos convertido en el mayor proveedor de SES en el país".

De ser encontrados culpables, los acusados se exponen a penas de hasta 20 años, más dos años estatutarios por cada uno de los cargos por robo de identidad agravada. El fiscal del caso es Seth Erbe.

Cruda advertencia a los demás

"A las compañías que proveen servicios del Departamento de Educación de Puerto Rico, como lo es Rocket Learning, los dejo con este mensaje: Sabemos quiénes son y lo que se han robado. Este tren ya salió de la estación y no hay quien lo detenga. Esperen más arrestos como los del día de hoy", recalcó Cases.

El equipo federal estableció que la investigación de este caso continúa y recordaron que el allanamiento en marzo pasado fue a 16 compañías.

"Esto no se ha acabado aquí. Por ahí venimos", señaló Meléndez.

"Tenemos que decir que la investigación continúa", recalcó, por su parte, Rodríguez.

Cuando se le preguntó si contemplan la posibilidad de acusar a personal del centro de tutorías América Aponte & Associates, propiedad de la familia de la abogada y aspirante independiente a la gobernación, Alexandra Lúgaro Aponte, Rodríguez contestó: "Todavía la investigación continúa y no vamos a adelantar nada. En su momento, saldrán más acusaciones. Éste es el primer paso". 

Instalaciones de esa empresa figuran entre las allanadas por agentes federales en meses recientes.

A continuación, la lista de acusados suministrada por la fiscalía federal:

Empresa Rocket Learning, LLC

Brenda Pérez García, directora SES de la empresa

Juan Nieves Rivera Rivera, director región San Juan

José Acevedo Rivera, director región Caguas

Lynnette Asencio Plaza, directora región Ponce

Héctor Báez Villanueva, director región Arecibo

Kay Pagán Rivera, gerente del programa de la región de Caguas

Karenie Laborde Muñiz, gerente de programa de la región de Caguas

Amnerys Rodríguez Aponte, gerente de programa de Caguas

Lis García Medina, gerente programa de Caguas

Edjeledeira Meléndez Rivera, subgerente programa de Caguas

Jonathan Morales Febus, coordinadora de operaciones de Caguas

Jeannette Ramírez Zapata, gerente de programa de Ponce

Francisco Sánchez Zayas, gernete de programa de Ponce

Yamaris Torres Ortiz, gerente programa de Ponce

Sayra López Torres, gerente de programa de Ponce

Anita Ortiz Rodríguez, gerente programa de Ponce

Sheila Pagán Carrasquillo, coordinadora de operaciones de Ponce

Elba Yanira Jiménez Pérez, gerente de programa de Arecibo

Gretchen Román Soto, gerente de programa de Arecibo

Milliam Centeno Soto, gerente programa de Arecibo

Emmanuel Cruz Martínez, gerente de programa de Arecibo

Katia Tapia Torres, gerente de programa de Arecibo

Noraima Mercado Vázquez, gerente de programa de Arecibo

Nayra Alicea Delgado, gerente de programa de San Juan

Eileen Gutiérrez Stone, gerente de programa de San Juan

Glorymar Rodríguez Casiano, gerente de programa de San Juan

Minerva Mendoza Acevedo, gerente de programa de San Juan

Suhayl Méndez Reyes, gerente de programa de San Juan

Javier Reyes López, gerente de programa de San Juan

Luisa García Arriaga, gerente de programa de San Juan

José Sánchez Bauzá, gerente de programa de San Juan