Naiari Quiñones Rivera, madre de April Thais Ortiz Quiñones, la menor de dos años violada y asesinada en Guayanilla, reclamó su derecho constitucional a un juicio por jurado, según trascendió durante una conferencia con antelación al juicio celebrada este martes en la sala 505 del Tribunal de Ponce.

Contra la mujer de 29 años pesan dos cargos de maltrato por negligencia y omisión intencional de la Ley 246 Para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores, relacionados al cuidado de sus dos hijas, incluyendo la occisa, en un procedimiento que atiende la jueza Zahira Torres Moro.

Durante la vista judicial, el Ministerio Público notificó sobre la entrega de una voluminosa evidencia a la defensa a cargo de la abogada Joannie Plaza Martínez que conduciría a la culminación del descubrimiento de prueba.

No obstante, la letrada destacó que “todavía hay una evidencia que no ha sido provista y que va a ser provista”. Según trascendió en sala, se trata de unas fotografías y vídeos que solicitó la defensa bajo el amparo de la Regla 95 del procedimiento criminal.

“Es evidencia digital, así que como el proceso de descubrimiento de prueba no ha culminado, el tribunal señaló una conferencia entre las partes previo al juicio, para el lunes, 30 de octubre a las 10:00 de la mañana”, sostuvo.

Sin entrar en detalles, la abogada reveló que “ella (Naiari) reclamó su derecho constitucional a un juicio por jurado”.

Sobre las conversaciones para llegar a un acuerdo de culpabilidad en el cual, Quiñones Rivera se convierta en testigo del pueblo, la letrada admitió que “hay conversaciones con el Ministerio Público, dirigidas a una alegación pre-acordada, pero no puedo opinar sobre los términos de ese acuerdo porque sería inapropiado”.

“Además, esas conversaciones no han culminado, así que no hay nada realmente todavía finiquitado. Pero sí, tenemos conversaciones dirigidas a llevar a una alegación pre-acordada. Los términos de ese acuerdo es algo que no puedo discutir con ustedes”, insistió a preguntas de la prensa.

Por su parte, la fiscal Ruth Myriam Pérez Pérez negó que haya un tranque que pudiese afectar algún acuerdo de culpabilidad.

“No hay un tranque en este momento. Estamos, simplemente, en comunicación, en conversación. No es que ha habido un tranque, (sino) una situación que la defensa tiene que hablar con su cliente”, sostuvo.

“No puedo adelantar nada (si va a declarar contra su esposo), las conversaciones deben ser confidenciales y, hasta tanto y en cuanto la situación ocurra, no puedo adelantar porque sería irresponsable de mi parte”, recalcó.

Entretanto, la fiscal reveló que la defensa de Jiovan Ortiz Soto, acusado por el crimen de su hija, registrado el 7 de junio en Guayanilla, solicitó al tribunal una supresión de confesión.

Esto según el testimonio del agente investigador, Francisco J. Meléndez Álvarez, quien durante la etapa de vista preliminar divulgó el contenido de la entrevista realizada al acusado quien, presuntamente, admitió un patrón de abuso sexual desde diciembre de 2022.

“En el caso de Jiovan, hay una solicitud de una vista de supresión y entiendo que esa vista se tiene que ver antes del juicio. Ese caso está señalado para el jueves (19 de octubre), pero ante una petición de la defensa que solicitó una supresión de confesión, ese asunto se atendería para el jueves. Eso se tendría que atender antes de iniciar el juicio”, adelantó.

Asimismo, esbozó que, la dilación en un posible acuerdo para que Naiari se siente a declarar contra su esposo, “no tiene un efecto (porque) los juicios se están viendo de manera separada, hay prueba independiente”.

“La vista preliminar se vio con los testigos que el Ministerio Público presentó. Hay testigos suficientes para poder demostrar la culpabilidad de ambos y los juicios independientes”, expuso.

“Aquí no se necesita nada adicional a la prueba con la que ya cuenta el Ministerio Público. Así como se prevaleció el Ministerio Público en una etapa de vista preliminar, el Ministerio Público cuenta con prueba suficiente en ambos casos”, afirmó.

En cuanto a la evidencia contra ambos acusados, dijo que, “lo que pasa es que mucha de la prueba, aunque no necesariamente la prueba en el caso de Jiovan, es la misma que en el caso de Naiari”.

“La defensa (de Naiari) tiene derecho a solicitar toda esa prueba documental. Eso no significa que toda esa prueba que se entregó hoy vaya a ser utilizada por el Ministerio Público, pero la defensa tiene derecho a tenerla y a examinarla. Básicamente, aunque son dos casos distintos, esa prueba documental del caso de Jiovan, se entrega también a la defensa”, argumentó.

De hecho, resaltó que, en el caso contra Naiari hay más de 10 testigos, entre estos, al menos tres médicos. Finalmente, la jueza Torres Moro señaló el inicio del juicio para el miércoles, 8 de noviembre a las 2:00 de la tarde.