Contrario a versiones surgidas desde el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), en la que aluden a que hubo una falta de electricidad que dejó inoperantes las cámaras de seguridad la tarde en la que murió la reclusa Shannel Colón Ponce - por un aparente suicidio desde una baranda de un pasillo en la zona de máxima seguridad del Complejo de Rehabilitación para Mujeres en Bayamón-, la empresa LUMA Energy asegura que el servicio de energía eléctrica en esa área no se interrumpió el día y hora en que ocurrió el trágico incidente.

En declaraciones escritas a Primera Hora, el consorcio contratado por el gobierno de Puerto Rico para asumir la operación de mantenimiento y modernización de la red de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) sostuvo que el jueves 2 de junio -día en que murió Shannel- el servicio de luz estuvo operando en la zona donde ubican diversas instituciones del DCR.

“Oficialmente, la empresa confirma que el sistema no muestra registro de una interrupción en el servicio eléctrico durante el periodo de 5:00 a 9:00 de la noche del jueves pasado en esa área (donde están ubicadas las cárceles)”, respondió LUMA Energy a través de su oficina de comunicaciones, ante una solicitud de corroboración de servicio que hizo este diario, específicamente de esa zona.

En cambio, portavoces del DCR mantienen su posición de que el 2 de junio no hubo servicio eléctrico por un tiempo prolongado del día y que así lo hicieron constar a través de querellas presentadas a LUMA Energy.

Yvonne Guadalupe, portavoz de prensa de la agencia correccional, indicó mediante declaraciones escritas que el 2 de junio, aproximadamente a eso de las 6:00 de la mañana, los sargentos recibieron el turno sin energía eléctrica.

“A eso de las 8:06am la oficial de saneamiento en turno realiza la primera llamada a LUMA para notificar con número de querella #C3528313. La oficial da seguimiento a eso de las 2:18pm con número de querella #C3528941. El servicio fue reestablecido a eso de las 6:00p.m.”, indicó Guadalupe.

Queda pendiente la respuesta del DCR para conocer si aun con generador eléctrico, las cámaras de seguridad de la cárcel continuaron inoperantes.

Según versiones oficiales -incluida a la secretaria del DCR, Ana Escobar- Shannel murió a eso de las 5:15 de la tarde cuando, cuando se disponía a entrar a su celda tras haber pasado por el turno de ducha.

La versión preliminar de las autoridades es que la muchacha de 23 años, que había sido ingresada a cárcel en abril por cargos de apropiación ilegal de vehículos, fue dada de alta el día antes del suceso del hospital Psiquiátrico de la Administración de Corrección, donde recibió tratamiento por una condición de salud mental no precisada.

Esa tarde, según se desprende de las versiones de guardias correccionales que estaban a cargo de la supervisión de la confinada, Shannel se privó de la vida ahorcándose con una sabana desde un tubo “que discurre en el pasillo” frente a la celda asignada a la confinada.

“La oficial correccional le dice que se ubique en la celda (en el segundo piso) y ella sale de la celda rápidamente con una atadura de una tela atada al cuello, la cual también sujetó de un tubo que discurre en el pasillo y se lanza al vacío”.

Shannel no tenía compañera de habitación. Solo se ubica en la escena a otra reclusa instalada en la celda del piso inferior. La joven estaba confinada 23 horas del día ya que se encontraba en módulo con un nivel de máxima seguridad. Cuando ocurrieron los hechos estaba en el único periodo de una hora que tenía asignado para salir y ducharse.

Usualmente, en esas áreas de pasillo hay videocámaras como una de las medidas de seguridad de las cárceles. Sin embargo, trascendió a través de Telenoticias que las cámaras estaban inoperantes ante un aparente fallo de energía.

“Fíjate que en ese momento no estaban en función porque ese día no había energía eléctrica, me comentaba el sargento de turno, en la institución”, dijo entonces la funcionaria.

Precisamente, ayer en entrevista con Primera Hora, Escobar aseguró que firmó una orden para que se inicie una investigación administrativa sobre lo ocurrido con el fin de detectar si hubo algún tipo de negligencia o irregularidad por parte del personal en los sucesos y “adjudicar cualquier responsabilidad a cualquier empleado si hubo fallas en el cumplimiento del deber”.

“Si se demuestra alguna responsabilidad podrían haber sanciones disciplinarias que van desde una amonestación hasta destitución de empleo”, puntualizó.

Se le inquirió conocer cómo se llevará a cabo la pesquisa, tomando en consideración que hay alegaciones de empleados de que las cámaras de seguridad que cubren el perímetro del pasillo donde ocurrió la muerte estaban inoperantes pues ese día no había servicio de electricidad en la institución carcelaria.

Escobar respondió que la evaluación de vídeos no es el único mecanismo utilizado en el DCR para sus investigaciones, pues se toman en consideración declaraciones de empleados asignados al edificio durante el periodo (anterior y posterior) en el que ocurrieron los hechos. “Entrevistan a miembros de la población ubicados en ese edificio, médicos de salud que intervinieron con la joven...”, subrayó.

Además, este diario preguntó por qué razón la guardia correccional que vigilaba a la reclusa no la detuvo en el momento en que la joven ingresó a su celda, tomó la sabana y, posteriormente, la amarró al tubo del que supuestamente se lanzó. La secretaria sostuvo que la oficial de custodia no la acompañaba (aun cuando se trata de una paciente mental recién dada de alta de tratamiento), sino que la observaba desde el piso inferior, al tiempo que le daba instrucciones de entrar a su celda. Dijo que este es el protocolo acostumbrado.

Además, acotó que a pesar de que la joven era paciente de salud mental, los psiquiatras que la atendieron hasta 24 horas antes del incidente la evaluaron y entendían que podía recibir tratamiento ambulatorio. “Si esa fue la situación, la de privarse de su vida, esto puede ser pensado en segundos”, expresó. De hecho, agregó que las oficiales a cargo de la joven describieron el suceso como ocurrido en “cuestión de segundos”.

Ante las múltiples interrogantes en el confuso incidente, familiares y amigos de Shannel, incluidas su mamá Yajaira Ponce y su madrina Odemarie Noble, han reclamado transparencia en la investigación e insisten que se evalúe el ángulo de una posible muerte violenta. Hasta ayer, el protocolo de muerte del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) no había sido emitido pues, según explicó la teniente Idamaris Morales, directora de la División de Homicidios de Bayamón, la patóloga Edda Rodríguez está en espera de los resultados de análisis toxicológicos antes de tomar su determinación.

“No podemos certificar que sea un suicidio, todos nos indica, aparte que el cuerpo no presentaba ningún tipo de hematoma de lucha, no tenía signo de una agresión física hacia ella, hasta ahora nos inclinamos a un posible suicidio, pero hasta que no nos baje la certificación y la causa no podemos concluirlo”, dijo por su parte la directora de Homicidios de Bayamón. El agente Edwin Rodríguez, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Bayamón, y la fiscal Gracielis Vega Bermúdez, tienen a cargo la investigación.

En cambio, la progenitora y madrina de Shannel desconfían del proceso pues, según alegan, les ha llegado información desde adentro de la institución de que el caso pudiera tratarse de una muerte violenta.

“Nosotros pedimos ayuda para que ella estuviera en un centro de salud mental”, dijo Noble al explicar que Shannel vivía en Pennsylvania con su familia inmediata, pero tras una descompensación de su condición de salud llegó “escapada” a Puerto Rico donde, aparentemente, se vio involucrada en el hurto de unos vehículos.

“Nosotras mismas la entregamos porque la estaban buscando por estar robando carros de puesto en puesto (gasolineras)... y mira, le quitaron la vida en una cárcel donde pensamos que iba a escarmentar. Nosotros confiamos en el sistema, no sabíamos que el sistema estaba tan corrupto y de esta manera”, expresó Noble, quien junto a otros familiares y amistades lleva a cabo desde el martes un ciclo de manifestaciones reclamando justicia para el caso, frente a la cárcel de mujeres de Bayamón.

La mamá de Shannel ha insistido públicamente en que la joven, a pesar de su condición de salud mental, nunca atentó contra su vida y se le hace difícil aceptar la versión de un suicidio. De hecho, menciona que el peso de Shannel -unas 140 libras de acuerdo a la ficha de la policía- no es compatible con un ahorcamiento como el descrito por las autoridades.

“Queremos que se haga justicia... queremos saber la verdad porque no estamos convencidos con lo que se alega”, ha dicho la madre públicamente al agregar que la joven aparentemente fue víctima de agresión y maltrato verbal dentro de la institución carcelaria por parte de oficiales correccionales.