Por segundo día, el agente investigador Simón Rosa ocupará la silla de los testigos a partir de esta tarde en la continuación de la vista preliminar contra Luis Gustavo Rivera Seijo, apodado El Manco, imputado por el asesinato del niño Lorenzo González Cacho.

Rivera Seijo, de 37 años, enfrenta un cargo de asesinato en primer grado, por supuestamente asesinar al menor en medio de un escalamiento ocurrido durante la madrugada del 9 de marzo de 2010 en la residencia donde el pequeño vivía con su madre Ana Cacho y sus dos hermanas.

Rosa reanudará su testimonio ante el juez Carlos Salgado Schwarz, del Tribunal de Bayamón, en medio de una controversia entre los fiscales y los abogados por las advertencias o "Miranda Warnings" realizadas a Rivera Seijo, cuando supuestamente confesó haber matado a Lorenzo.

Un policía tiene que hacerle las advertencias a toda persona que considera sospechosa de un crimen, antes de cuestionarla sobre su conocimiento o participación en el delito que investiga. Las advertencias se hacen de forma oral y el sospecho tiene que firmar un documento para consignar que renuncia al derecho de permanecer callado y que acepta las consecuencias de una posible autoincriminación.

El documento establece, entre otras cosas, que el sospechoso puede negarse a hablar o pedir la asistencia de un abogado, pero advierte que si renuncia al derecho a mantenerse en silencio, todo lo que diga podrá ser usado en su contra.

Es un requisito fundamental que esa renuncia a permanecer en silencio sea libre, voluntaria, consciente y sin coacción para que esas admisiones puedan admitirse en un proceso judicial.

El viernes pasado el agente Rosa intentó, en dos ocasiones distintas, entrar en los detalles de las admisiones de El Manco, pero debido a las objeciones de la defensa de Rivera Seijo no abundó en el contenido de las confesiones.

La primera admisión ocurrió en el Hospital Psiquiátrico Forense el 26 de noviembre de 2013 y la segunda confesión ocurrió el 26 de enero de 2014 cuando las autoridades federales llevaron a Rivera Seijo a la casa de Cacho en Dorado del Mar a recrear el crimen, según lo ventilado en sala el pasado viernes. 

El agente federal Francisco Candelario le hizo las advertencias a Rivera Seijo en el hospital, mientras que la agente federal Claudia Bonilla se las realizó en la casa, dijo Rosa.

El testigo también leyó en corte las advertencias en inglés que Bonilla hizo a El Manco en enero de 2014 y que el propio agente firmó como testigo del proceso. El agente investigador sostuvo que el imputado respondió que entendía inglés y español. 

Sin embargo, los abogados Mario Moczó González, Jesús Hernández Rivera y Léster Arroyo Crespo, de la Sociedad para la Asistencia Legal, objetaron enérgicamente el intento de Rosa de entrar en el contenido de las admisiones porque el Ministerio Público no anunció como testigo a los dos agentes federales que le hicieron las advertencias a su representado.

Los abogados argumentaron que la ausencia de esos testigos impedía confrontarlos sobre la voluntariedad de Rivera Seijo a renunciar a su derecho a permanecer en silencio y sobre su estado mental y conocimiento del derecho que renunciaba.

También insistieron en la condición mental de Rivera Seijo, quien el 1 de noviembre de 2010, en un proceso separado en el Tribunal de San Juan, fue declarado no culpable "por razón de insanidad mental", cuando fue imputado por la muerte de Oscar Pacheco García.

El Ministerio Público, representado por los fiscales Mario Rivera Géigel, Aracelis Pérez Correa y Maricarmen Rodríguez Barea, arguyó que Rosa estuvo presente en las entrevistas y que tenía conocimiento directo de las circunstancias en que el imputado realizaba las admisiones.

Ante la situación, el Ministerio Público pidió permiso al juez Salgado Schwarz para enmendar por tercera ocasión la lista de testigos y sentar a declarar a los agentes Bonilla y Candelario.

El juez inicialmente declaró no ha lugar la petición, pero tras un extenso y apasionado debate, pidió a los abogados y los fiscales presentar sus argumentos por escrito.

Salgado Schwarz afirmó que resolvería la controversia al iniciar la audiencia de esta tarde.

Debido a este debate, el documento de las advertencias no ha sido admitido como evidencia del Ministerio Público.

Las admisiones -y el contexto en que se tomaron esas admisiones- son fundamentales para que el Ministerio Público pueda establecer que Rivera Seijo cometió el crimen del niño.

Hasta ahora los fiscales solo han probado, mediante prueba circunstancial y testifical, que el hombre estuvo en un centro comercial aledaño a la casa de Cacho y que sus documentos de excarcelación aparecieron debajo de una hamaca en la residencia de Dorado del Mar el 9 de marzo de 2010.

A inicios de marzo del 2010, Rivera Seijo estaba sumariado en la Cárcel Sabana Hoyos, de Arecibo, por un cargo de tentativa de asesinato y una violación a Ley de Armas por agredir al deambulante Oscar Pacheco García, quien falleció en el Centro Médico, días después de la agresión.

Fue dejado en libertad por error cuando el Ministerio Público solicitó el archivo del cargo de tentativa de asesinato y la violación a la Ley de Armas tras la muerte de Pacheco García, para presentar otra denuncia en su contra por un cargo de asesinato.

Los fiscales, sin embargo, no lo han conectado a Rivera Seijo directamente al crimen del menor.