Fue breve.

El licenciado Raúl Maldonado Nieves compareció hoy, lunes, al Cuartel General acompañado por su abogada Mayra López Mulero para asistir a una citación con motivo de una investigación iniciada la semana pasada a raíz de sus declaraciones públicas contra la figura del Gobernador, que, a juicio del Comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera Rivera, pudieran “proyectar inestabilidad”, la cual no tardó ni cinco minutos en concluir.

Maldonado Nieves acudió acompañado de su padre, Raúl Maldonado Gaudier, quien fue removido por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares de sus posiciones como secretario del Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y como principal oficial financiero del gobierno (CFO, en inglés), tras denunciar que en el gobierno había una mafia institucional. 

Ante la falta de un protocolo que activara este tipo de investigación y de una certificación de un perito en conducta humana sobre la alegada inestabilidad de su cliente, la licenciada López Mulero decidió abandonar la oficina.

“Me quedo atónita que el director del Departamento de Seguridad Pública (Elmer Román) haya permitido esta patraña, esto es una cosa inaudita que no tiene ninguna justificación y que le va a rebotar en la cara a aquellos que han propiciado este tipo de trámite para tratar de acallar la voz de gente que lo único que han hecho es denunciar actos ilícitos de funcionarios que forman parte de una administración que juró y que llegó al poder diciendo y proclamando transparencia y jurando cero tolerancia a la corrupción”, puntualizó López Mulero.

La licenciada no solo responsabilizó a Escalera Rivera, sino al gobernador Ricardo Rosselló Nevares, al secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira, el secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, a la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez y a todos los jefes de gabinete de seguridad por lo que les pase a sus clientes.

“Este señor está aquí como padre apoyando a su hijo porque tiene miedo de que le hagan daño a su hijo”, dijo la abogada, mientras que el exfuncionario sostuvo que gracias a su representación legal los derechos de su hijo están protegidos.

Mientras que Maldonado Nieves, expresó que, aunque no siente miedo, teme por su seguridad.

“Yo creo que esto es una investigación totalmente arbitraria que no hay manera en la historia de este país que esto ocurra. ¿Por qué el listado de mis armas se hace público y se filtra desde aquí?”, sostuvo Maldonado Nieves, quien agregó que hace responsable a La Fortaleza por la divulgación de sus documentos, dirección y la cantidad de armas de fuego que posee registradas a pesar de que son documentos de los que se tiene una expectativa de confidencialidad.

Además, estuvieron presentes los licenciados Fermín Arraiza y William Ramírez, quien es el director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), quienes acudieron por el interés público que este caso representa para el país.

“El trabajo nuestro es salvaguardar las garantías de la Constitución tanto de la de Estados Unidos como la de Puerto Rico”, comentó Ramírez en la sala de espera de la División del Registro de Armas de Fuego.

A su llegada a la oficina, narró López Mulero, fue atendida por el agente Edgardo Díaz en presencia del teniente Johnny Acevedo, quien es el director, a quienes les solicitó que a la luz de la información que ha trascendido públicamente se activó un protocolo basado en la Ley de Armas de Puerto Rico para entrevistar a su cliente el cual le admitieron que no existe.

“Yo llevo mucho tiempo y no sabía de este protocolo, pues les digo 'ilústreme, enséñeme el protocolo, deme copia del protocolo para yo saber cual es el marco legal que rige este trámite'. La respuesta fue 'no existe ningún protocolo' que active una investigación pacífica que sostenga el marco jurídico al que se refiere y regula este trámite”, reveló la abogada.

Luego, le hizo otra petición al teniente Acevedo para que le entregara cualquier documento que haya sido emitido por algún experto de la conducta humana que certifique que tenía algún trastorno o desequilibrio mental tras expresares en las redes sociales.

También le cuestionó cómo se determina si un ciudadano  tiene algún tipo de trastorno mental o presenta algún desequilibrio mental para proceder a desarmarlo, debido a que esa fue la justificación ofrecida el viernes pasado por el comisionado del Negociado de la Policía, Henry Escalera Rivera, al confirmar que se abrió una pesquisa al advenir en conocimiento de que Maldonado Nieves poseía armas de fuego registradas para “garantizar la seguridad y prevenir cualquier situación lamentable tanto para él, su familia o cualquier otra persona”.

Al exigir su derecho a conocer cuáles fueron las observaciones empíricas que justifiquen el trámite para que no sea uno arbitrario o caprichoso, abusivo o que no constituya una persecución contra un ciudadano porque al gobierno no le gustaron sus comentarios.

“En ese contexto se me informa que no hay ningún diagnóstico, ninguna opinión que valide esa impresión de el Comisionado, que hasta donde yo sé no tiene ningún curso en psiquiatría y mucho menos en conducta humana”, expresó López Mulero a su salida de la oficina.

A su llegada al Cuartel General, se le entregó una notificación a su padre, para sustituirle la licencia de portar armas como exfuncionario, con el compromiso de que le harían llegar la nueva.

“Ahora lo que procede es que vamos a ejercer los remedios que en derecho correspondan, pero más allá de eso, yo les digo con mucha seriedad. Yo en mi vida, jamás en mi vida pensé una situación como esta y esto es altamente peligroso para la democracia de Puerto Rico. Esto constituye una ofensa a la constitución y a los derechos fundamentales que protegen a los ciudadanos contra los excesos del estado. Así que esto va a llegar hasta las últimas consecuencias y si yo tengo que llevar esto al Tribunal Supremo celestial lo voy a hacer”, sentenció López Mulero.