Desde que el ex secretario de Justicia Luis Sánchez Betances renunció a su cargo y se reintegró, con el visto bueno de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), al bufete de su amigo Jaime Sifre, esa firma ha logrado tres nuevos contratos con el Gobierno por $480,000 y enmendó otros seis ya existentes para aumentar sus montos en un total de $187,000.

En otras palabras, desde que el ex funcionario regresó a la práctica privada con su amigo, el bufete se ha beneficiado con $667,000 más en contratos con el Gobierno.

Algunas de esas cifras hasta podrían aumentar ya que cuatro de los contratos vencen en el 2015, por lo que hay espacio de hacer nuevas enmiendas.

Sánchez Betances pudo reincorporarse y volver a ser accionista de la firma porque lo consultó con la OEG, y la directora Zulma Rosario determinó que no había impedimentos.

Claro, la carta en respuesta a la consulta CE14-159 hace la aclaración de que para dar el visto bueno se basaron “estrictamente en los hechos particulares” que el mismo Sánchez Betances sometió ante la consideración de la OEG.

El ex funcionario pidió la bendición ética a tan solo un mes de su atropellada renuncia como secretario de Justicia, precisamente por ayudar a su amigo Sifre la noche del 6 de diciembre de 2013, cuando fue detenido por manejar en estado de embriaguez.

Esa noche, ambos habían compartido con varias amistades en un restaurante de Hato Rey. Al momento de la prueba de aliento, Sifre arrojó 0.21% de de alcohol en la sangre.

Ahora Sánchez Betances está bajo el escrutinio de la OEG, que investiga si cometió alguna falla ética al llegar al lugar donde Sifre fue detenido por la Policía y posteriormente acudir a un cuartel.

Cinco días después de esos hechos, Sánchez Betances renunció a su cargo en Justicia.

En una carta fechada casi un mes después, el 16 de enero de 2014, Sánchez Betances pidió la consulta. La respuesta de OEG dos semanas más tarde indicaba que: “Según sus dichos usted no ejerció acción oficial o gubernamental alguna que afectara al bufete, por lo cual no hay impedimento en la Ley de Ética Gubernamental para que se convierta en accionista del mismo”.

La carta cita a Sánchez Betances diciendo que durante su incumbencia como secretario de Justicia se inhibió de todo asunto en el cual estuviera involucrado el bufete.

Sánchez Betances reconoció, no obstante, que el bufete tiene un contrato con la Cámara de Representantes, pero ese cuerpo solicitó una dispensa en el Departamento de Justicia y allí esa decisión la delegó sobre el subsecretario Rafael Ortiz Carrión, quien le seguía en mando en esa agencia.

Y precisamente, ahora es la Cámara la que más ha favorecido al bufete.

Cuando Sánchez Betances era secretario de Justicia la firma contaba con dos contratos con la Cámara baja. Desde que este se reincorporó a la firma, el contrato 2014-000100 tuvo una primera enmienda el 31 de marzo de 2014 para agregar $30,000 por “servicios legales”, según se desprende de la lista en la página de la Oficina del Contralor.

El 15 de mayo de 2014, ese contrato se volvió a enmendar para agregarle otros $32,000.

El 18 de julio, la Cámara volvió a contratar la firma (2015-000136) para “consultoría legal” por $100,000.

De otra parte, tras el regreso del ex secretario, la firma también enmendó el contrato (2014-000023) con Servicios Médicos Universitarios para agregar $25,000, efectivo el 1 de julio de este año.

La Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles firmó un nuevo contrato con el bufete el 1 de julio de 2014 por $180,000 luego de que vencieran otros dos contratos de $240,000 y $80,000, respectivamente. Tanto el nuevo contrato como los dos que vencieron eran para “servicios legales”.

Mientras, el mismo día en que Sánchez Betances solicitó consulta a OEG sobre si podía reintegrarse al bufete, la firma de abogados enmendó el contrato con la Autoridad de Edificios Públicos (2014-S00007) para agregar $25,000.

La firma de abogados también tenía un contrato con la Corporación del Fondo del Seguro del Estado que se enmendó en una ocasión antes y otra después de que Sánchez Betances regresara al bufete. Esa última enmienda fue el 7 de abril de 2014, por $75,000. Una semana después, el 16 de abril de 2014, la misma corporación pública firmó otro contrato con la empresa (2014-000269) por $200,000, para más servicios legales.