A menos de tres semanas para que se cumpla el plazo para aprobar el presupuesto de la Isla, que conllevaría un recorte adicional al presupuesto de la Rama Judicial, en los tribunales “escasea” el dinero y la cosa no pinta bien. 

La Rama Judicial, que junto a la Ejecutiva y Legislativa conforman el balance constitucional de poderes en el gobierno de Puerto Rico, enfrentaría una dura reducción presupuestaria de $15 millones, según la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), o de $7 millones, según el gobernador Ricardo Rosselló, explicó el director de la Oficina de Administración de Tribunales, el juez Sigfrido Steidel Figueroa. 

En concreto, el presupuesto actual es de $322.1 millones, una reducción cercana al 10 por ciento al compararlo con los $348.8 millones que recibían en el 2014. Si estuviese en vigencia la ley que le daba dinero a la Rama Judicial a base de una fórmula, el presupuesto en el año 2016 hubiera ascendido a $376.9 millones, según la OAT. El juez explicó que si prevalece el cálculo de la JSF, esto incluye un recorte adicional de unos $30 millones en 5 años.

En cualquiera de los escenarios, la judicatura podría tomar medidas que afectan al ciudadano, como la congelación de puestos de trabajo que den servicio directo al pueblo o el cierre de tribunales. 

“Todo está sobre la mesa. Una vez más toda la operación tiene que mirarse para ver dónde podemos lograr economías adicionales”, dijo Steidel Figueroa, quien comparecerá este viernes a la Cámara de Representantes para su vista de presupuesto.

“Nuestro llamado continuo a la Legislatura y a todos los actores en el diseño del presupuesto es que, aunque entendemos la crisis, y hemos estado comprometidos en la búsqueda de soluciones; ser más eficientes, lo cierto es que es importante ponderar todos los sacrificios que ha hecho la rama judicial en el pasado…”, indicó el juez. 

Al parecer, a base de las explicaciones de Steidel Figueroa, los ajustes de cintura judicial no son cuentos de caminos. Los millones de dólares dejados de recibir desde el 2014, y que la rama estima que de forma global asciende a $215 millones, ya ha llevado a medidas antipáticas en los pasados 5 años como el cierre de 19 tribunales o que se hayan congelado 896 plazas, el 15 por ciento de las 5,849 puestos de trabajo en esta rama. O sea, hay menos trabajadores sociales, alguaciles y personal administrativo. 

Steidel Figueroa reiteró que no hay una decisión tomada sobre si van a cerrar nuevas salas judiciales, pero con las finanzas actuales, sin el nuevo recorte que viene, tan reciente como en los pasados 12 meses cerraron 5. Tres de ellas fueron las salas de Cayey, San Lorenzo y Río Grande, esta última representando un ahorro de $2 millones. De la misma forma, como consecuencia de los daños causados por el huracán María, no reabrieron las salas de Guayanilla y Trujillo Alto.

El director de OAT dijo que hay diferentes medidas que podrían tomar para encarar los recortes. Primero, repensar todo proyecto de mejoras físicas y reparación de equipos como sistemas de seguridad; segundo, evaluar la adquisición de nuevos equipos como computadoras; y tercero, no contratar nuevo personal, con el efecto práctico que puede tener cada vacante en los ciudadanos. Por ejemplo, los trabajadores sociales realizan investigaciones de campo para preparar informes necesarios en los pleitos de custodia de niños y actualmente el 20 por ciento de las plazas de estos profesionales están congeladas.

El cuarto punto es detener la expansión de programas especiales para ayudar a la ciudadanía a impulsar su reclamo judicial, lo que se conoce como acceso a la justicia. Eso quiere decir, por ejemplo, que se detiene la expansión de salas especializadas de violencia doméstica, que ayudan a que la víctima sea menos oprimida por el agresor.

“La expansión y fortalecimiento de estos programas requieren una inversión de dinero, y estos programas en la medida en que no reciban la inyección de dinero necesaria tenemos que ver cómo los ejecutamos”, expresó.

Otro aspecto donde buscarían ahorros sería en los gastos por concepto de alquiler. La Rama Judicial paga alquiler por todos sus tribunales, excepto la sede del Tribunal Supremo en Puerta de Tierra y el Centro Judicial de Carolina.

No obstante, a que se renegocien alquileres, que actualmente representan el 15 por ciento del presupuesto judicial; o se detengan construcciones y se deje de comprar computadoras, la realidad es que el 64 por ciento del gasto de la Rama Judicial se va en nómina, y gran parte de esa nómina la representan los 382 jueces que existen en el sistema estatal de Puerto Rico. Según divulgado en 2014, el salario anual del Juez Presidente del Tribunal Supremo es $125,000, el de los jueces asociados es $120,000; el de los jueces del Tribunal de Apelaciones en $105,000; los jueces superiores en $89,600 y los jueces municipales en $69,600.

OAT estima que cada juez representa en nómina un mínimo de $153,031; esto al sumar tres puestos, el juez, un alguacil y una secretaria. 

Cuando se le cuestionó al director de OAT si una alternativa sería congelar o eliminar plazas de jueces, el funcionario aclaró que estas plazas están creadas por ley y que no es algo que puede hacer OAT. Dijo que el presupuesto siempre da para cubrir los gastos de nómina.

“Están determinados por ley y el número de jueces es algo que se supone que se mire de tiempo en tiempo a la luz de las necesidades del país. Pero es prerrogativa del ejecutivo modificar la ley de la judicatura para reducir el número de jueces. Sin duda siempre debe haber una correlación entre las necesidades del país y el número de jueces”, sostuvo.

Actualmente hay unas 29 vacantes judiciales y se proyecta que de aquí a diciembre la cifra aumente a 43.