Llega la justicia para el niño Lorenzo
Luis Gustavo Rivera Seijo, apodado como El Manco, enfrenta un cargo por el asesinato del pequeño.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 8 años.
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Cuando Luis Gustavo Rivera Seijo, conocido como El Manco, salió esta mañana de una oficina del área Sala de Investigaciones, del Tribunal de Bayamón, para reurnise con sus abogados pasó inadvertido para la mayoría de los periodistas.
No fue hasta que se perdió en el umbral de la puerta que lo llevó al salón donde conversó con su defensa que un reportero comentó “ese es el Manco”.
Esposado con cadenas a los pies, el hombre que enfrentará un cargo de asesinato por la muerte del niño Lorenzo González Cacho, ocurrida el 9 de marzo de 2010, lucía distinto al sumariado delgado, de cabello corto y con uniforme mostaza que muestran las fotografías de hace seis años cuando enfrentó cargos por la muerte del deambulante Oscar Pacheco García.
Hoy, Rivera Seijo, de 37 años, llegó al centro judicial con cabello largo, una barba densa y un evidente aumento de peso.
Tras una breve reunión con los abogados Mario Moczó González, Jesús Hernández Rivera y Lester Arroyo Crespo, de la Sociedad para la Asistencia Legal, y luego de acudir a la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio, los fiscales Mario Rivera Géigel, Maricarmen Rodríguez Barea y Aracelis Pérez Correa llegaron a la Sala de Investigaciones escoltados por la fiscal de Distrito, Sonia Otero Martínez.
Acompañada por una amiga y de una funcionaria del Programa de Ayuda a Víctimas, también llegó Ana Cacho, madre del menor asesinado y testigo de cargo.
Con las partes presentes, a las 10:30 a.m. inició la vista a puerta cerrada ante la jueza Jessica Morales Correa. La prensa no tiene acceso a las vistas de Regla 6 o de causa para arresto.
Primero, entraron los fiscales y los abogados. Luego, Rivera Seijo, quien vestía un mahón y una camisa azul claro.
Cacho permaneció en el vestíbulo de la Sala de Investigaciones, que se encontraba repleta de público y curiosos, mientras la investigadora forense Wanda Candelaria, el ciudadano Juan Vázquez Panel y los agentes del FBI (Negociado Federal de Investigaciones), Joseph González y John Morales declararon ante la jueza.
Vázquez Panel fue quien transportó a Rivera Seijo del Complejo Correccional de Sabana Hoyos, en Arecibo, a Dorado la noche del 8 de marzo de 2010. El hombre se encontraba en el lugar recogiendo a un pariente que había sido excarcelado esa noche.
La vista se extendió unas dos horas y durante el proceso los fiscales presentaron declaraciones juradas. A las 12:37 p.m. se abrió la puerta de la sala de la jueza Morales Correa y del recinto salió el licenciado Moczó González.
“¿Hubo causa?”, preguntó un periodista.
“Claro, que sí”, soltó el letrado.
La jueza Morales Correa encontró causa para el arresto de Rivera Seijo y fijó una fianza de $3 millones. La vista preliminar quedó citada par el 29 de marzo.
Poco después, Cacho, acompañada por su amiga, abandonó el lugar sin realizar expresiones. Rivera Seijo, por su parte, regresó al Hospital Psiquiátrico de Río Piedras. El hombre se encuentra bajo la supervisión médica del Estado desde el 1 de noviembre de 2010 cuando un juez del Tribunal de San Juan lo declaró no culpable por razón de insanidad mental por la muerte del deambulante.
Fuera de sala, el licenciado Moczó González afirmó que su representado era “100% inocente” y que no se encontraba procesable en este momento para enfrentar el proceso en su contra.
“Él no estaba procesable hoy, por eso hice el reclamo. La ley les requiere a las personas que entiendan el proceso y puedan cooperar con la defensa. Pero el tribunal entendió que este no es un proceso”, indicó.
Apuntó también que en este caso no presentará, por ahora, una defensa de inimputabilidad.
La procesabilidad y la imputabilidad de un acusado se refieren a dos escenarios distintos.
La procesabilidad o no procesabilidad se refiere al estado mental de una persona al momento de ser juzgado y a la capacidad para ayudar en su defensa.
Pero la inimputabilidad alude a la incapacidad mental del acusado al momento de cometer los hechos y requiere que el acusado admita el delito, pero sin conocer el alcance de la acción debido a su incapacidad mental. En el caso de la muerte del deambulante, las abogadas de Rivera Seijo adelantaron una defensa de inimputabilidad.
Concluidas las expresiones del abogado defensor, la fiscal Pérez Correa confirmó el desenlace de la vista, mientras entre empujones y reclamos para que se acercara a las cámaras de televisión, los periodistas intentaban documentar sus expresiones.