Llamado a cerrar filas por la Rama Judicial contra la JSF
Vicepresidente del Colegio de Abogados reclama que la administración de la justicia sea tratada como un servicio esencial y sea protegida de recortes en su presupuesto.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 6 años.
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El vicepresidente y candidato a la presidencia del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), licenciado Edgardo Román-Espada, hizo un llamado urgente a proteger los servicios esenciales de la Rama Judicial contra cualquier intento de desmantelarlos, por parte de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
En momentos en que el organismo federal requiere información a la Administración de Tribunales y le impone reducciones a su presupuesto, Román-Espada sentenció que “hay que detener cualquier intento de la Junta en afectar aún más el acceso a la justicia”.
“La administración de la justicia es un servicio esencial en cualquier sociedad. Si la soga parte por lo más fino: por los mediadores de conflictos, trabajadoras sociales, examinadoras de pensiones alimentarias, alguaciles y secretarias, el acceso a la justicia retrocederá años luz”, afirmó el letrado.
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En días recientes, la JSF le exigió a la Rama Judicial, mediante una carta, el acceso a toda su información financiera. Incluso, le solicitó las listas de asistencia de sus empleados. La determinación también aplica a los jueces del Tribunal Supremo, la Oficina de Ética Gubernamental, la Comisión de Derechos Civiles, el Procurador del Ciudadano y la Oficina del Contralor.
Si bien los puestos y salarios en la judicatura, así como las regiones judiciales, están determinados por ley, ninguna otra posición dentro del sistema judicial lo está. “Esos otros puestos son los que permiten la eficaz resolución de controversias y necesitan nuestro mayor apoyo”, sostuvo.
Román-Espada recordó que la Administración de Tribunales ha tomado decisiones difíciles con el cierre de tribunales municipales, como Moca, Villalba y Guánica, entre otros; así como el cierre del Tribunal de Río Grande, que daba servicios también a Canóvanas y Loíza. “Las personas sin recursos económicos y quienes les prestan servicios legales a ellas son las más afectadas”, subrayó.
De otra parte, reconoció que la rama judicial se ha mantenido firme en la protección de programas que le sirven bien a la ciudadanía, como lo son las salas especializadas.
Las expresiones de Román-Espada se dan en el comienzo del proceso de votación electrónica para la presidencia y delegados por acumulación del CAAPR.