El Ministerio Público junto a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, se aprestan a radicar cargos criminales próximamente al convicto federal Ramsell Álamo Rivera, de 27 años, por el crimen de Mariela Crystal Seda Ocasio, de 23 años, quien desapareció el 12 de abril de la comunidad Hill Brothers, en Río Piedras, tras salir de su residencia con él.

Ayer, jueves, el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) corroboró mediante pruebas de ADN que los restos humanos hallados el 23 de mayo en un vertedero clandestino ubicado en la calle Eucalipto del sector Los Dávila, en el barrio Campanillas, en Toa Baja, corresponden a la mujer desaparecida.

Según el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, el inspector Edwin Figueroa Maldonado, ya tienen toda la prueba recopilada, incluida la confesión con una declaración jurada de Álamo Rivera, para proceder a radicar cargos criminales lo más pronto posible, pues deben coordinar su excarcelación del Centro Metropolitano de Detención en Guaynabo.

El hombre fue la última persona que la vio con vida y ofreció varias coartadas para desvincularse de su desaparición a lo largo de la pesquisa, pero el 23 de mayo, tras ser confrontado con vídeos de cámaras de seguridad que desmantelaban sus versiones, al verse acorralado, confesó el crimen.

El hombre indicó que esa noche compartieron intimidad en un motel y surgió una discusión durante la cual la estranguló y los llevó al lugar donde dispuso de su cuerpo.

El inspector reveló que no fue posible establecer la causa de la muerte debido al estado de la osamenta que fue recuperada.

“Estamos listos para radicar cargos próximamente... se le tomó una declaración jurada con una confesión de los hechos. La autopsia no permitió establecer una causa de muerte”, respondió Figueroa Maldonado.

La investigación reveló que ambos tenían una relación intermitente por espacio de cinco años, en la que acostumbraban a salir, presuntamente consumir marihuana y él en ocasiones la acompañaba para que compartiera con alguno de los contactos que tenía a través de una plataforma por suscripción, dirigida a los creadores de contenido para adultos.

Álamo Rivera se encontraba en probatoria federal por “carjacking” al momento del asesinato, por lo que fue encarcelado por violación a las condiciones impuestas por el tribunal y la Oficina de Libertad Condicional federal inició las gestiones para revocar el beneficio de libertad condicional.

En 2019, Álamo Rivera se declaró culpable por un cargo de “carjacking” ocurrido en el 2018 cuando interceptó a una mujer en un estacionamiento en Canóvanas y, bajo amenaza de muerte, le robó su vehículo. Mientras escapaba chocó con varios vehículos y fue arrestado.

Tras cumplir una condena federal de cinco años de prisión, comenzó en agosto de 2023 un período de tres años de probatoria.