Lisha Ramón se querella por presunta conducta inapropiada de chofer de transporte privado
Sin embargo, las autoridades indicaron que no se configuraron los elementos del delito.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 1 año.
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La vendedora de jugos y productora aficionada de contenido para redes sociales, Lisha A. Ramón Mejías, radicó una querella este miércoles en la que denunció una conducta que interpretó como inapropiada de un conductor de transporte privado.
El caso fue clasificado como “un otro servicio” que se hace cuando un ciudadano le ofrece una información al Negociado de la Policía en la que no se configuran los elementos de un delito, informó el comandante auxiliar del área policíaca de Carolina, capitán Raymond Ferrer.
Según relató en el cuartel de Carolina Norte, a eso de las 2:00 p.m. solicitó el servicio de transporte desde el centro comercial Escorial Plaza hasta su residencia en Carolina y de camino se percató que el conductor “hacía unos movimientos extraños con su mano derecha debajo de un bulto que tenía en la falda mientras conducía”.
Ante este tipo de situación que la hizo sentir incómoda, decidió bajarse del vehículo antes de llegar a su destino.
“Se recibió la información, pero no encontramos evidencia de que se tratara de un caso por exposiciones obscenas (Artículo 136 del Código Penal)”, añadió Ferrer.
La comerciante ha estado en el ojo público por varios incidentes, entre ellas, el pasado 13 de julio, cuando el juez Orlando Puldón, del Tribunal de Carolina, no determinó causa probable para arresto por un cargo de violación a una orden al amparo de la Ley contra el Acecho en Puerto Rico, radicada contra la exnovia de quien era su pareja, por un error en el documento en el que fue notificada.
Además, el 19 de abril, la jueza Marrero Martínez, del Tribunal de Carolina, atendió un pedido del Departamento de Familia, quien buscaba obtener la custodia de emergencia de su hija, luego de que una mujer se querelló de una agresión sexual en una fiesta convocada por Ramón Mejías.
La fiesta ocurrió en un apartamento alquilado bajo el nombre de “Proyecto X”. En esa vista, se expidió una orden de protección para prohibir que la joven sostuviera relaciones materno filiales con su hija y concedió la custodia de esta a su padre, a quien también le cobija.