La empresa The Family Dispensary en Bayamón, demandó al ayuntamiento que dirige Ramón Luis Rivera Cruz para que se retracte de la orden de paralización que emitió contra  ese dispensario de cannabis medicinal.

La acción de la alcaldía, que había autorizado la operación del dispensario, ocurrió después que la representante novoprogresista, María Milagros Charbonier, efectuará allí una visita con su equipo de apoyo legisltivo.

El abogado  Godwin Aldarondo, del bufete Aldarondo Girald Law PSC, representante legal de Family Dispensary, informó ayer por escrito  que una vez que el municipio expide un permiso de uso, éste carece de facultad para cancelarlo porque  esa potestad es exclusiva de los tribunales.

“En este caso, el municipio no le notificó de ninguna deficiencia ni violación alguna al dispensario antes de ordenar su cierre. Tampoco se le informó de sus derechos para solicitar reconsideración o impugnar la acción, lo que alegan es una violación a su derecho propietario y al debido proceso de ley”, planteó Aldarondo.

“Este es el primer caso que se radica ante un tribunal en Puerto Rico relacionado a la emergente industria del cannabis medicinal. El súbito cierre del único dispensario de cannabis medicinal en Bayamón, está privando a más de 400 pacientes de tener acceso a sus medicamentos. Además, la mercancía corre el riesgo de sufrir daños”, indicó por escrito Emily Chaparros, gerente de The Family Dispensary,.

 Una solicitud de que abundara más sobre este caso fue denegada porque se dilucida en el tribunal.

Al procurar una reacción del alcalde, también afirmó por escrito que  “se trata de un caso donde una persona solicita permiso para un negocio para vender al detal artículos de primera necesidad, el cual se otorgó de inmediato bajo esos parámetros. En ningún momento en la solicitud se informó que se iba a establecer un dispensario de cannabis medicinal, al cual le aplicarán otros criterios. Este caso se referirá a los abogados del municipio como corresponde”.

“No es un medicamento”

Consultada sobre el caso, Charbonier indicó que ningún reglamento puede ir por encima de la ley, en este caso la Ley de Farmacias.

En el Artículo 308 de la misma reza que “ninguna sustancia controlada incluida en la Clasificación II podrá dispensarse sin receta escrita expedida y firmada, o generada y transmitida electrónicamente, por un profesional prescribiente, la cual deberá cumplir con todos los requisitos, a tenor con la Ley Núm. 247 de 2004, según enmendada”.

“La marihuana, según decisión de la antigua secretaria de Salud, es de clasificación tipo II. Todos los que están dispensando marihuana, detrás de un counter, con 15 o 20 horas de estudios en eso, están yendo contra la Ley de Farmacias”.

Preguntada sobre si cuando visitó el dispensario el pasado 10 de marzo encontró alguna irregularidad, Charbonier dijo que “lo primero fue el permiso. Desconozco el proceso del municipio, pero el que ella estaba utilizando era para vender artículos de primera necesidad; del permiso no se desprende que la persona estableciera que la operación que iba a realizar ahí era para dispensar cannabis. Eso es otro tipo de industria, otro tipo de permiso y otro tipo de proceso”.

Sobre eso, el bufete deabogados sostuvo que “la representante señaló públicamente que el permiso de uso del dispensario había sido expedido para la venta de artículos de primera necesidad y no para dispensar cannabis medicinal. Sin embargo, el concepto de ‘artículos de primera necesidad’ incluye alimentos y medicamentos con o sin receta, según definido por DACO”.

“Yo no considero el cannabis como un medicamento. Para que sea medicamento tiene que ser dosificado, y el cannabis, según se está dispensando, no cualifica. Eso no lo digo yo, pregúntele a un farmacéutico. Si no está dosificado, no es medicamento”, dijo Charbonier vía telefónica a Primera Hora.

Según la representante, también hubo dudas sobre lo que encontraron durante la vista ocular.

“Según lo que vimos allí, y está documentado en fotos, los potes y lo que se dispensaba no tenía las advertencias (de efectos secundarios) que manda el reglamento del Departamento de Salud. Tengo un informe parcial sobre lo que estaba pasando allí y lo vamos a rendir”, agregó la legisladora cameral.

“Según el reglamento del Departamento de Salud, cuando alguien exige una licencia para operar un dispensario de cannabis, no puede mentir en nada. Esto puede ser un elemento para retirarle la licencia y tal vez ese sea uno de los elementos. Yo creo que hay una falta de información que no se le dio al municipio y éste, confiando, expide el permiso. Pero el cannabis no es un artículo de primera necesidad ni un medicamento”, insistió Charbonier.

En la demanda, el bufete  Aldarondo Girald Law solicita que se deje sin efecto la orden del municipio y se le permita continuar operando porque cuenta con la licencia del Estado Libre Asociado para operar un dispensario de cannabis medicinal.