El lío de las bolsas de basura en Cabo Rojo pica y se extiende.

En medio del proceso legal que se ventila en el tribunal de primera instancia de Mayagüez, el comerciante Juan Cancel y el artesano Edy Ruiz Vega, a través de su abogado Wilmer Rivera Acosta, presentaron un recurso de Certiorati para solicitar que se revoque la decisión de la jueza Lynnette Ortiz por no tener la implementación de la Iniciativa Naranja en Cabo Rojo.

Ortiz declaró “no ha lugar” la solicitud de interdicto preliminar y sentencia declaratoria que presentaron los demandantes en mayo pasado y que buscaba declarar nula la Ordenanza Municipal 26 que impone la compra de bolsas plásticas anaranjadas para el manejo y disposición de desperdicios sólidos en ese municipio.

En cambio, permitió que continuara su curso la demanda que presentaron Cancel y Ruiz Vega, así como el Departamento de Justicia en contra del alcalde caborrojeño, Roberto “Bobby” Ramírez Kurtz, la Asamblea Municipal y la empresa Consolidated Waste Services (ConWaste).

“Aquí no solo se trata del daño relacionado al desembolso de dinero que tienen que hacer los demandantes para el pago de recogido de basura, sino que es un daño más profundo, porque se trata de los derechos fundamentales de unos ciudadanos que se han visto afectados por actuación evidentemente ilegal por parte del Municipio”, reza parte del documento de 31 páginas al que tuvo acceso Suroeste. 

“Nosotros creemos que, a base de derecho, debe declararse nula, porque no se siguió el debido proceso de ley. Para tú implementar una ordenanza con la magnitud que tiene esa, primero debes celebrar vistas públicas que estuvieran acompañadas de un estudio del impacto en la comunidad”, sostuvo Cancel en conversación con este medio.

La jueza Ortiz celebró una vista la semana pasada a la que asistieron los representantes legales de los demandantes, el municipio y la empresa ConWaste en la que se presentaron nuevas mociones dispositivas, como una sentencia sumaria solicitada por la representación legal de Cancel y Ruiz y una enmienda en la demanda del Departamento de Justicia para incluir en ella a la presidenta de la Asamblea Municipal, Evelyn Alicea González.