El proyecto para crear la “Ley de Análisis de ADN Post Sentencia”, que permitiría que convictos soliciten un análisis de ADN sobre evidencia que pudiera cambiar el resultado de su juicio, ya espera por la firma del gobernador, luego de que una versión muy similar fuera vetada en agosto pasado desde La Fortaleza por la objeción del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) que reclamó no contar con los recursos para ejecutarlo. 

De convertirse en ley, esta medida permitiría que convictos puedan pedir análisis de ADN sobre evidencia en posesión del Gobierno que nunca se analizó, evidencia nueva que haya encontrado el Gobierno o la defensa, o evidencia analizada sobre la que existe duda legítima acerca de la certeza de sus resultados. 

Tanto su versión original, el Proyecto de la Cámara 1794, como el texto más reciente, el 2570, fueron aprobados sin oposición en los dos cuerpos legislativos. 

En el primer intento por crear la ley, el gobernador interino David Bernier vetó la medida el 3 de agosto de 2015 debido al efecto presupuestario que reclamó el ICF tendría la legislación en su dependencia. 

Según explicó Bernier entonces en su carta al presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, el ICF le señaló que para poder cumplir con los propósitos del proyecto necesitaría $5,000,000 anuales aproximadamente. Además, estimó que para su primer año de operaciones, el ICF tendría que invertir entre $13,000,000 y $19,000,000 en gastos, incluyendo reclutamiento, capacitación y construcción de una torre para almacenar, preservar y procesar evidencia. 

“A pesar de que reconocemos la intención encomiable que persigue este proyecto, el Gobierno no posee los fondos para ejecutarlo”, lee la carta explicativa de Bernier. 

El representante Luis Vega Ramos, quien figura como autor de la medida junto con el portavoz del Partido Popular Dmeocrático en la Cámara, Carlos Hernández, y la portavoz del Partido Nuevo Progresista en el mismo cuerpo, Jenniffer González, explicó que se trabajaron cambios en la medida para que se reconociera el derecho, aunque el convicto tuviera que sufragar la prueba. 

“Se hizo el cambio de lenguaje fundamentado en la premisa de que existen fundaciones que proveen los fondos para realizar estas pruebas, pero la intención es restituir la obligación de que el estado sufrague cuando la situación fiscal del país lo permita”, indicó.

Mientras, el fundador y director del Proyecto Inocencia, Julio E. Fontanet, explicó que, si el peticionario es indigente, “hay una obligación constitucional del estado de hacerse cargo del costo de la prueba”. 

Destacó que quizás existen unos 10 casos de personas que reclaman solicitar la prueba de ADN para comprobar su inocencia en crímenes por los que llevan convictos más de 10 o 15 años, por lo que no se trataría de un volumen exagerado de pruebas a realizar.

“La cantidad que tendría que pagar el Gobierno sería nominal y el gobierno de Puerto Rico no puede ser tan mezquino de tratar de ponerle precio a la inocencia de una persona”, consideró. 

“Solamente la gente inocente va a pedir la prueba porque si eres culpable, la prueba va a decir que eres culpable y hay que reconocer que en Puerto Rico hay gente inocente en la cárcel”, añadió el también decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana para sustentar el gasto mínimo en el que tendría que incurrir el estado. 

Mencionó, además, que el gobierno federal tiene fondos disponibles para atender estos propósitos en los departamentos de justicia estatales. Sostuvo que el ICF ya tiene un banco de ADN, así como la estructura para realizar el trabajo, “y aunque no la tuviera, no hay justificación para oponerse a que una persona que reclame demostrar evidencia de su inocencia lo haga. No se puede ser mezquino”. 

Fontanet dijo que cuenta con el compromiso del gobernador Alejandro García Padilla para que la medida se convierta en ley. Cuando eso ocurra, anticipó, solicitará la prueba para demostrar la inocencia de tres de los convictos con los que trabaja a estos fines.

“Es una pena que cada día que pasa, estas personas sigan estando presas siendo inocentes”, lamentó el abogado.