El crimen por violencia de género de Andrea Ruiz Costas destapó el tortuoso laberinto que pasaban las víctimas dentro del sistema de justicia de Puerto Rico para intentar salvar sus vidas de las garras de sus agresores.

A un año de que su pareja le arrebatara la vida, ¿se ha registrado algún progreso a favor de las mujeres?

Aunque su familia y expertas en el tema de violencia de género reconocen que sí se han registrado cambios desde el Departamento de Justicia y los tribunales, aludieron a que todavía queda mucho por hacer.

“Todos sabemos que el sistema completo le falló a Andrea, que el sistema continúa revictimizando a las víctimas y a las familias, porque aquí las víctimas y su familia tienen que pasar por un proceso que es tortuoso y eso no es justicia. Los procedimientos judiciales pueden mejorar más. Tienen mucho espacio para mejorar”, reclamó la prima hermana de Andrea, Rebeca Noriega Costas, en entrevista con Primera Hora.

Andrea fue encontrada muerta el jueves, 28 de abril de 2021, por un recogedor de latas en un paraje de la carretera PR-184, del sector Las Trescientas, del barrio Guavate, en Cayey. Estaba semidesnuda, presentaba un golpe en el rostro y su cuerpo fue parcialmente quemado.

Tres días después, la Policía había arrestado a Miguel Ángel Ocasio Santiago, quien supuestamente confesó los hechos. El hombre había sido pareja de Andrea por ocho meses. Se conocieron cuando él era supervisor del sistema de cámaras de seguridad del centro comercial Montehiedra, en San Juan, y ella era gerente de una tienda localizada allí.

Según trascendió, el crimen ocurrió después de que la mujer hiciera varios intentos ante el Tribunal de Primera Instancia de Caguas de lograr una orden de protección. Pero, las juezas Ingrid Alvarado Rodríguez y Sonya Nieves Cordero se las negaron.

“Es muy difícil subsanar una muerte como esta. Fue un asesinato sin ton ni son y sin que haya justicia, porque nunca se le hizo justicia a Andrea”, afirmó su prima, al hablar sobre el aniversario del crimen.

“Nuestro intento de hacer justicia ha sido tratando de hacer conciencia, como familia unirnos en una denuncia de la violencia machista. Pero, además, (denunciando) la violencia del estado. Ha sido muy difícil sobrellevarlo todo y el estado siempre nos dio la espalda”, añadió.

Dos han sido los factores que se han dado en el pasado año para que la familia de Andrea no lograra esa sanación. En primera instancia, perdieron ante el Tribunal Supremo su reclamo de que se dieran a conocer los audios de las vistas en las que Andrea relató el patrón de violencia de género al que fue sometida por su agresor sin que se le concediera ninguna orden de protección. En segundo lugar, el juicio contra Ocasio Santiago nunca ocurrió. El hombre se suicidó en prisión el pasado 2 de agosto.

Pero, más allá de lo que aconteció con el acusado del crimen, Noriega Costas concentró sus miras hacia la labor que se realiza para proteger a las víctimas. Es que afirmó que “el caso de Andrea destapó la insensibilidad en los procesos judiciales para las mujeres víctimas y para la familia víctimas. Destapó la falta de rigurosidad para seleccionar jueces, a una administración de tribunales que se tira la toalla bajo la excusa de la discreción judicial, y eso es un puño tras otro”.

“Pero, a pesar del alto costo que tuvimos como familia con la perdida de Andrea, también se reveló una conciencia colectiva y que por audacia de muchas mujeres que han estado en la lucha por muchos años, que están en un afán de crear mayor consciencia, se han desarrollado plataforma, aplicaciones”, añadió.

Los cambios

La hija del exlegislador David Noriega también hizo constar que a raíz del crimen de Andrea ocurrió la creación por parte del gobierno del comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación (PARE). Pero, dijo que se han limitado “a muchas reuniones... Queremos ver el resultado de esas reuniones”, reclamó.

Otro de los cambios positivos que identificó es la orden del Departamento de Justicia de nombrar fiscales a los casos de violencia de género y la ley que estableció que la víctima debe estar acompañada de un intercesor legal.

“De que no había fiscales para atenderlo todo, de pronto ya hay fiscales. Eso es positivo, que las mujeres no entren solas a esas salas a tratar de decir todo lo que pasó”, aceptó.

Reclamó, sin embargo, mejor selección de los jueces y cambios en los programas de rehabilitación de los agresores. A modo de ejemplo, alegó que Ocasio Santiago había sido imputado de un intento de asesinato y lo enviaron a un programa de desvío. Indicó a que la violencia “no se resuelve con unas clasecitas”.

No obstante, tronó porque el sistema judicial no es transparente. Por ello, entiende que no ha ocurrido la transformación que esperaban como familia. Parte de este señalamiento ocurre porque la familia todavía no ha tenido acceso a los audios de las vistas judiciales en los que Andrea participó un mes antes de su asesinato.

“El país también tenía derecho a saber qué pasó, porque una ciudadana murió a manos de un asesino a quien denunció un mes antes y nada pasó. El país tiene derecho a saber por qué no funcionó la justicia. Estos casos pasan a diario y el sistema tiene que corregirse. Esos quebrantos hay que corregirlos, porque hay vida de por medio”, reclamó.

En general, Noriega Costas afirmó que “todo el año ha sido un año de mucha lucha. No ha habido espacio para sanar y el espacio se está dando poco a poco. Poco a poco estamos entrando en otra etapa de la lucha”.

¿Qué falta por hacer?

Dos expertas consultadas por Primera Hora también indicaron que todavía falta mucho por hacer a favor de las víctimas de violencia de género.

La intercesora legal Ángela Jiménez, quien es contratada por varias organizaciones para acompañar a las víctimas en los tribunales, habló de los problemas que se tienen para cumplir con la ley que establece que toda mujer estará acompañada por un intercesor en los procesos judiciales.

“No hay intercesora en cada tribunal, en cada municipio. Somos 30 y pico, y la mayoría no trabajamos para el gobierno, sino para organizaciones sin fines lucro. No todas las víctimas están acompañadas de una intercesora. Hay que nombrar más intercesora, hacer una academia de intercesora, que la Procuraduría de la Mujer comience a adiestrar a más personas”, denunció.

Confirmó, sin embargo, que no ha escuchado quejas de que alguna víctima haya acudido ante el juez sin un fiscal.

Uno de los beneficios de los que habló es que estos fiscales han comenzado a solicitar que los procesos judiciales sean de manera virtual, lo que ha evitado enfrentar a la víctima y a su agresor en las etapas iniciales del proceso.

Pero, denunció que la Policía, supuestamente, se demora “semanas” en entregarle al presunto agresor la orden de protección que concede un juez.

“A pesar de que el tribunal pudo resolver algo, a la Policía de Puerto Rico no diligenciarla rápidamente (la orden de protección), va a seguir expuesta esa víctima y eso es una debilidad que todavía tiene la Policía de Puerto Rico que resolverse”, manifestó Jiménez.

Por su parte, Vilmarie Rivera, presidente de la Red de Albergues, abogó por que el personal que acompañe a la víctima tenga “preparación y sensibilidad”.

“Una cosa es que esté el fiscal y una cosa es que esté preparado para atender el caso”, señaló, al indicar que ha escuchado muchas quejas sobre este asunto en particular.

Reclamó a Justicia o al sistema judicial que analice si verdaderamente los cambios que han impulsado funcionan, “si han logrado menos impunidad y que la parte agresora responda a sus agresiones”.

Se defienden

Ante los señalamientos en contra de Justicia, el secretario Domingo Emanuelli aceptó que “el asesinato de Andrea Ruiz Costas hace un año presentó a Puerto Rico unas situaciones en el trato a las víctimas que ameritaban atención y nuevos enfoques. Para el Departamento de Justicia representó un llamado a revisar y mejorar las intervenciones y el trato hacia las víctimas cuando estas llegan a nuestras oficinas. Y eso fue lo que hicimos”.

Destacó la orden de activar fiscales a todo caso que se relacione con violencia de género. Dijo que estos fiscales toman “un ciclo de cursos” sobre este problema, que atiende cómo trabajar con las víctimas, los prejuicios y la sensibilidad ante el trauma, entre otras cosas.

“Con ello reiteramos el compromiso, la empatía y entrega de nuestros fiscales en la atención de estos casos”, dijo.

Por su parte, la Oficina de la Administración de los Tribunales (OAT) emitió una declaración institucional en la que aluden a que “siempre ha sido una prioridad” la atención de estos casos. Se destacó que en el 2007 se comenzó a establecer la Sala Especializada en Casos de Violencia Doméstica, así como que han reforzado la colaboración con Justicia, la Policía y organizaciones para mejorar la atención a las víctimas.

“Como parte del compromiso del Poder Judicial con optimizar la atención de los casos de violencia de género, se firmaron acuerdos colaborativos con el Centro Salud Justicia de Puerto Rico para la observación de los casos criminales en temas, por ejemplo, de violencia sexual y violencia doméstica y con el Observatorio de Equidad de Género para el estudio de expedientes judiciales en el contexto de los feminicidios íntimos y la respuesta judicial. Ambas entidades emitirán recomendaciones con base en su pericia. Igualmente, el Poder Judicial robusteció la capacitación en temas de género y violencia para la judicatura y el funcionariado”, se destacó.