El representante novoprogresista Ángel Morey Noble le salió al paso a la Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLU‑PR), al negar que el Proyecto de la Cámara de Representantes 139, del cual es autor junto a la legisladora popular Swanny E. Vargas, tenga el fin de facultar a los cuerpos de Policía Municipal a ejecutar órdenes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para delegar funciones migratorias.

El proyecto de la Comisión de Asuntos Municipales está hoy en el calendario de votación final de la sesión que ya comenzó.

“Equiparar los beneficios (entre los policías estatales y municipales) esa es la razón principal y la intención del proyecto, que se haga justicia a los policías. Si alguien quiere traer por los pelos una cosa migratoria del momento, tiene su prerrogativa de opinar”, subrayó el representante.

Morey Noble rechazó que con las enmiendas al Código Municipal que contiene se les permitirá a los alcaldes a establecer acuerdos de colaboración con el gobierno federal para efectuar las tareas que les quiera delegar, extendiendo la jurisdicción municipal fuera de sus límites territoriales.

“Ellos están alegando… esa parte no está en el proyecto. Atender actividades migratorias eso no está en ninguna parte del proyecto... Lo que quiere decir el proyecto es darles la facultad a los municipios, en este caso, que el alcalde tenga la libertad de hacer unos acuerdos colaborativos si así él desea y tiene los recursos para así asistir en cualquier situación de seguridad o un ‘task force’, o lo que sea, siempre y cuando esté entre medio el Departamento de Seguridad Pública”, explicó Morey Noble.

Agregó, que las reservas sobre el impacto fiscal y los acuerdos colaborativos y sus recomendaciones se tomaron en consideración en la versión final del proyecto.

El legislador subrayó que las redadas federales en las que han colaborado personal estatal o municipal solo han sido en casos de personas con récord delictivo.

“Lo que ha dicho ICE es que los trabajos que se han hecho no han sido para casos migratorio ni nada, han sido para personas con récord (criminal)”.

Sobre la meta de equiparar los beneficios que reciben los policías municipales con los estatales, mencionó que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), estimó que el impacto fiscal anual de la medida será de $148,872, el cual saldría del presupuesto del Departamento de Seguridad Pública.

Específicamente, en cuanto a los beneficios que recibe su familia si un agente muere en el cumplimiento del deber, con cargo al Fondo General, incluyen el pago único equivalente a 24 meses de su salario bruto, el reembolso de hasta $5,000 por gastos fúnebres y una beca educativa anual de $1,000 por cada hijo o hijastro menor de 26 años, con posibilidad de aumento hasta $2,000 si el costo educativo lo justifica.

En el caso de los policías municipales, solo reciben el pago de alguna póliza de seguros o cualquier otro beneficio que el alcalde les otorgue.

Según las estadísticas, desde la creación por ley de las policías municipales en el 1997 ha habido 30 muertes en el cumplimiento del deber. Uno cada dos años.

“Yo creo que es justo y meritorio que así sea por el sacrificio que esta familia ha hecho”, sentenció.

El cuatrienio pasado se presentó este proyecto y no terminó el tracto legislativo por falta de tiempo.

La ACLU-PR solicitó el archivo del proyecto de ley y el de cualquier otra propuesta similar y que se convoque a nuevas vistas públicas con participación de organizaciones comunitarias, expertos en derechos civiles y la propia población migrante.