La exjueza y exrepresentante Liza Fernández afirmó este miércoles que se enteró por los medios de comunicación de que la Corporación para el Fondo del Seguro del Estado le canceló su contrato de servicios legales por $168,000.

Dijo que le “entristeció” que la hayan tratada como esposa del acusado exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, y no por su trayectoria profesional.

Pérez Otero enfrenta en estos días un juicio federal por corrupción pública. De hecho, este miércoles el jurado comenzó a deliberar si es culpable o no culpable por conspiración, soborno y extorsión.

La cancelación del contrato fue confirmado por la Corporación en un comunicado de prensa, firmado por la subadministradora, Mayra Domenech Román. En el mismo se indicó que Fernández estaba contratada desde agosto del 2020, bajo la corporación Vallor Integrated Consulting.

La explicación que dio la funcionaria fue que “con el fin de disipar cualquier cuestionamiento que pueda poner en duda la sana administración que caracteriza los trabajos en la Corporación, iniciamos los trámites conducentes a prescindir del contrato en cuestión, cuya vigencia era hasta el 30 de junio de 2023″.