Una jueza del Tribunal de Primera Instancia de San Juan le ordenó al Gobierno de Puerto Rico entregarle a un grupo de periodistas el “Informe preliminar” sobre el almacén lleno de suministros no entregados encontrado en Ponce a principios de este año.

La orden de la togada Lauracelis Roques Arroyo expone que la entrega de la investigación realizada por el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) debe ser de “forma inmediata” a la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asspro) y al Centro de Periodismo Investigativo.

“… El Informe Preliminar examinado en cámara es un documento público cuya divulgación no está prohibida por disposición de ley ni por la aplicabilidad de un privilegio evidenciario. Pues, como cuestión de hecho, no existe información de naturaleza confidencial o privilegiada que justifique restringir el acceso al Informe Preliminar que este Tribunal examinó. El balance de intereses se inclina a favor del derecho constitucional y fundamental de acceso a la información pública”, reza la sentencia.

Roques Arroyo solo pidió que se tachara el nombre de un testigo entrevistado y cualquier referencia a su lugar de trabajo.

“Debemos tener siempre presente que, ‘al recibir del Pueblo soberano la función de gobernar, el Estado no quedó en libertad de decidir cuáles papeles y documentos resultantes de su gestión pública estarían fuera del escrutinio de quienes son, en esencia, la fuente misma de la soberanía’. En consecuencia, considerando que cuando el Estado niega injustificadamente acceso a información pública lesiona el derecho fundamental de los ciudadanos a estar informados, SE ORDENA al Gobierno a divulgar el Informe Preliminar”, añade el documento jurídico.

El 18 de enero, ciudadanos encontraron un almacén en la Guancha de Ponce que estaba lleno de suministros no distribuidos desde el proceso de recuperación del huracán María y a pesar de que la zona suroeste del archipiélago borincano vivía una emergencia debido a los terremotos.

El local era administrado por el Negociado para Manejo de Emergencias y Administración de Desastres. Tras el hallazgo, la gobernadora Wanda Vázquez Garced despidió al entonces comisionado de la agencia, Carlos Acevedo.

En la Petición de Mandamus era contra Vázquez Garced; el secretario designado del Departamento de Estado, Elmer Román; el secretario designado del Departamento Seguridad Pública, Pedro Janer, el Comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales, Héctor López Sánchez; y contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.