La petición para que Danielle Bertothy, la turista estadounidense acusada de incendiar varios negocios en Cabo Rojo el pasado 2 de enero, fue denegada ayer, martes.

La información fue confirmada a Primera Hora por la portavoz de la Agencia para el Control de Alcohol y Tabaco y Armas de Fuego (ATF, en inglés), Clara Himel.

Según reza la orden de detención, de seis páginas y firmada por la jueza federal del Distrito de Missouri, Noelle C. Collins, la defensa de la imputada solicitó una fianza en anticipo a la continuidad de la vista.

La magistrada resaltó que Bertothy tiene un “serio y reciente historial de uso de drogas y alcohol” que “si continúa, su uso de droga podría interferir con sus apariencias en el tribunal como lo es requerido y el bienestar de la comunidad” ya que no ha reportado haber buscado ayuda para atender este abuso de sustancias. Por eso, consideró que la mujer posee un “grave riesgo de fuga”.

“El peso de la evidencia contra la demandada es fuerte y la naturaleza y las circunstancias de este caso son graves. Es probable que la demandada haya hecho declaraciones incriminatorias a la policía local a su regreso de Cabo Rojo durante una entrevista”, lee el documento.

Al momento, Bertothy, de 36 años y sin récord criminal, ha sido despedida de su empleo en HLK Agency y está viviendo con su progenitora, pero “su vivienda actual con su madre en la zona está en riesgo debido a las consecuencias de estas acusaciones”.

La juez indicó que Bertothy quiso mudarse a Stafford, Connecticut, para residir con su hermana, Jessica. Se indicó, además, que tiene una especie de vagón frente a su residencia.

Se informó que la acusada “sabía que estaba bajo investigación al regresar al área de St. Louis y no huyó incluso después de que se notificara una orden de allanamiento en su residencia días antes de que compareciera en la acusación pendiente” y “fue obediente y cooperativa con los investigadores locales”, por lo que se consideró que pudiera también brindarle “apoyo financiero y moral” y que se asegure que comparezca en el tribunal de Puerto Rico según sea ordenado. Para esto, entregará su pasaporte.

La jueza describió a Jessica, de 37 años, como una testigo “creíble”, quien sostiene un empleo y un hogar. En la casa que comparte con su novio, no hay drogas ni armas de fuego, se indicó.

No obstante, la jueza recordó que en aquel allanamiento que se le hizo en la casa de Danielle se encontró cocaína y cajas vacías de vino, así como latas de cerveza. Además, repitió que tiene antecedentes de consumo de drogas y alcohol y no ha buscado tratamiento previo para resolverlo.

“La demandada no ha vivido con su hermana en muchos años. No se puede esperar que Jessica Bertothy, que es apenas un año mayor que la demandada, controle el comportamiento de la demandada sin parar durante la totalidad de este caso, incluido cuándo tendría que viajar a Puerto Rico para comparecer ante el tribunal y dónde podría tener que pasar la noche en hoteles o en un Airbnb”, subrayó la jueza.

“Por lo tanto, considero que el plan de vivienda que propone podría desestabilizarse fácilmente y que el monitoreo electrónico no parecería ser factible en estas circunstancias. Además, las acusaciones involucran violencia y peligro para la vida humana y la propiedad. Esto es especialmente notable dado que estos eventos ocurrieron cuando Puerto Rico estaba experimentando un apagón en toda la isla y donde los primeros en responder podrían verse obstaculizados por la falta de energía”, agregó.

“Con base en estos antecedentes, la acusada presenta un grave riesgo de fuga y un peligro para la comunidad, y debería ser detenida”, subrayó.

Bertothy está acusada de utilizar fuego para destruir cualquier edificio que afecte el comercio interestatal (incendio provocado).

Si es declarada culpable, enfrentaría una pena mínima obligatoria de cinco años de prisión y hasta 20 años de reclusión.

Resumen del caso

Para sustentar su rechazo, la magistrada resumió el caso, recordando que Bertothy llegó a un Airbnb en la playa de Cabo Rojo un día antes de que ocurriera el apagón general el 31 de diciembre de 2024.

Es por esto que, el arrendador del Airbnb le entregó un tanque de gasolina para que hiciera uso de un generador.

“Los investigadores creen que la acusada usó el tanque de gasolina rojo para verter gasolina y prender fuego a una estructura al otro lado de la calle de su Airbnb en la medianoche del 2 de enero de 2025”, lee la orden.

Primera Hora supo que la fémina estaba incitando controversias en el área desde hace días, disturbios que estaban siendo investigados por la Policía Municipal.

La noche del incidente, Bertothy presuntamente estaba consumiendo bebidas alcohólicas a eso de las 8:30 p.m. en el local Bar Marea, que ubica frente a su hospedaje.

“Los testigos informaron que la acusada parecía estar bajo los efectos del alcohol cuando llegó y luego pidió algunas bebidas y ‘comenzó a actuar de manera beligerante y discutidora’ antes de que los dueños del bar le pidieran que se fuera. Ella se negó a desocupar el lugar. Los dueños del bar llamaron a la policía local, que llegó y escoltó a Bertothy hasta su Airbnb. Bertothy regresó al bar unos 20 minutos después y continuó actuando ‘agresivamente’ con el personal del bar mientras cerraban por la noche”, continúa el documento, resaltando que los investigadores revisaron vídeos de seguridad que mostraban a una mujer, con su semejanza, “con un vestido negro parada poco antes del incendio cargando un contenedor rojo que es familiar porque la ley de Puerto Rico exige el uso de un contenedor rojo estándar para el transporte individual de gasolina” y otro vídeo que, aunque no se detecta el rostro ni ropa, se puede detectar que, a las 12:25 a.m., vertió gasolina en Bar Marea.

Bertothy “terminó sus vacaciones temprano” y regresó a St. Louis el mismo 2 de enero. Empero, antes de llegar al aeropuerto, se detuvo en un restaurante y otra cámara de seguridad captó que usaba el mismo calzado que la mujer en los vídeos del incidente.

Además, la Fiscalía federal sostuvo que, aunque de un número telefónico de Connecticut se contactó al Sistema de Emergencias 9-1-1 para reportar que la estaban retirando del bar, no se recibieron informes de que llamara para reportar el incendio.

“El Tribunal concluye que la acusada debe permanecer detenida en espera de juicio porque Estados Unidos ha demostrado con pruebas claras y convincentes que ninguna condición o combinación de condiciones de liberación garantizará razonablemente la seguridad de ninguna otra persona y de la comunidad”, reiteró.