El no haber presentado a tiempo unas 17 actas de incidencias levantadas durante el escrutinio electoral de San Juan ha comenzado a ser un tropiezo para la defensa del candidato del Movimiento de Victoria Ciudadana (MVC), Manuel Natal, en la demanda en la que reclaman dejar sin efecto el resultado de la elección de voto adelantado y ausente en la capital.

En medio del testimonio del primer testigo que presentó este viernes la abogada Tamara Sosa Pascual, el funcionario de colegio, Lidy López González, tuvo que ser retirado de sala para dilucidar si éste podía hacer referencia a documentos que contenían unos supuestos errores entre números de votantes y votos adjudicados a los candidatos de San Juan.

En primera instancia, la abogada afirmó que “la prueba la tenía la Comisión Estatal de Elecciones (CEE)”.

El juez superior del Tribunal de Primera Instancia que atiende la controversia, Anthony Cuevas Ramos, le increpó que el comisionado del MVC, Olvin Valentín, tuvo tiempo para solicitarla.

La situación provocó que desde las bancas del público, el presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, comenzara a decir en voz alta que nadie se los había solicitado.

“El documento está ahí”, decía, por su parte, la abogada Sosa Pascual.

No obstante, la prueba fue excluida, ya que la defensa de Natal no la entregó el pasado jueves como la requirió el juez.

La abogada pasó a indicarle que la prueba se les hizo difícil digitalizarla, a lo que el juez le respondió que pudieron haber ido a la Secretaría del Tribunal a solicitar ayuda.

“Tenemos los documentos y a nosotros también se nos hace complicado, porque no lo podemos presentar”, añadió Sosa Pascual.

En una intervención, el abogado del Partido Nuevo Progresista, Francisco González Magaz, estipuló que se estaba creando una falsa impresión al público que ve la vista durante una retransmisión del tribunal al presentar a un testigo que habla de documentos que no se pueden revisar.

“Ellos pretenden que nosotros admitamos esa evidencia que ellos no trajeron”, denunció el abogado.

A su vez, el abogado Eliezer Aldarondo, quien representa al alcalde de San Juan, Miguel Romero, criticó que “la parte peticionaria (Natal) ha incumplido con su trabajo”.

“Han llegado a esta vista sin evidencia y esto es un daño autoinfligido por ellos mismos”, agregó.

El juez, tras escuchar los argumento de los abogados, determinó que López González puede contestar “todo aquello que le conste de propio y personal conocimiento”, pero que no puede entrar a hablar de documentos que no han sido admitido en evidencia.

Pese a la decisión del juez, los abogados de la parte demandada, principalmente de la CEE, Félix Passalacqua, realizó varias objeciones sobre un testimonio que aludía a documentos no admitidos como evidencia.

Las objeciones, de hecho, han sido la orden del día durante la vista.

Las argumentaciones que se hacían entre los abogados llevaron al juez a intervenir en varias ocasiones.

“No discutan entre ustedes, porque no funcionó antes de venir al tribunal”, llegó a decir en una de las tantas interrupciones que se han dado.

En otra instancia, en la que se increpó que el tribunal tomara constancia de que las elecciones general fueron el 3 de noviembre, Cuevas Ramos expuso que “yo estoy por concluir que toda la animosidad se debe al encerramiento de la pandemia que no le ha permitido a los compañeros participar más de los foros y demás. No hay que objetar por cosas que no le hacen daño. Tranquilos, vamos a terminar el caso”.

Las objeciones fueron tantas que el juez lució molesto.

“Las cosas no funcionan así”, llegó a advertir, cuando le señaló a los abogados que sus reclamos podrían bien convertirse en preguntas de contrainterrogatorio.

Dijo que si los abogados siguen retrasando el caso judicial, asignaría más días para atender la vista. Hasta el momento, los días adicionales asignados son el miércoles, jueves y viernes de la próxima semana.

Por otro lado, el testigo López González expuso ante el tribunal que en la consolidación de actas en la que participó de la Unidad 77, en donde se contabilizó el voto adelantado y ausente del precinto 1 de San Juan, llegaban con errores de cálculo.

“Los votos por el candidato Miguel Romero excedían por cientos de votos la cantidad de papeletas que resumía el recuadro de arriba de esas actas”, dijo sobre el error principal encontrado.

Señaló que el grupo de funcionarios solicitó el maletín del acta que evaluaban, pero que el mismo no apareció. Esta situación, según indicó, provocó un recuento. Dijo que en ese proceso encontraron papeletas marcadas a lápiz y a bolígrafos, cuando se supone fueran con un marcador Sharpie.

López González también indicó que participó, previo a la elecciones, en el conteo de votos por correo. Indicó que algunos de estos sobres les llegaban a sus manos sin la identificación del elector que requería el Código Electoral. Dijo que, aún así, los votos fueron adjudicados.

En su demanda civil, Natal alude a que se cometieron irregularidades en el evento electoral y que, a causa de las mismas, Romero fue certificado como alcalde de San Juan.

Las presuntas irregularidades denunciadas por el candidato del MVC supuestamente ocurrieron en el proceso del conteo del voto ausente, voto por correo, voto adelantado y voto a domicilio. Alude a que hay unas 6,593 papeletas municipales que son ilegales y cuyos electores, cadena de custodia y procedencia son imposibles de determinar. Por ello, solicitó una nueva elección en la Unidad 77, donde se acumularon todos estos sufragios impugnados.