El hijo de la exrepresentante María Milagros Charbonier Laureano y su esposo Orlando Montes Rivera, quienes cumplen cárcel por corrupción pública, finalmente se deshizo de los cargos federales que se le impusieron por haber participado del esquema fraudulento que lideraron sus padres para agenciarse de dinero de la Legislatura.

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La desestimación de los cargos se da a año y medio de que los abogados de sus padres, Francisco Rebollo Casalduc y Anita Hill, revelaran que Orlando Gabriel Montes Charbonier no enfrentaría un juicio federal, ya que se acogió a un Programa de Desvío Previo al Juicio (PTD, en inglés).

En una decisión para desestimación, la jueza federal Silvia Carreño Coll informó ayer, jueves, que “el Tribunal ha concedido la moción del gobierno (la Fiscalía federal) para la desestimación con perjuicio de conformidad con la Regla 48(a) de las Reglas Federales de Procedimiento Penal”.

Los cargos desestimados fueron siete. Estaban relacionados a conspiración, robo de fondos federales, fraude, fraude electrónico de servicios honestos y lavado de dinero.

Fue el 30 de noviembre de 2023 que trascendió que los cargos contra Montes Rivera serían desestimados, luego de que alcanzara un acuerdo con la Fiscalía federal de acogerse al programa de PTD. Este programa está cobijado en el “Título 9: Criminal” del Manual de Justicia del Departamento de Justicia federal. Se utiliza para “desviar a ciertos delincuentes del procesamiento de justicia penal tradicional hacia sistemas alternativos de supervisión y servicios. Los programas de PTD brindan a los fiscales otra herramienta, además del proceso de justicia penal tradicional, para garantizar la rendición de cuentas por la conducta delictiva, proteger al público reduciendo las tasas de reincidencia, conservar los recursos judiciales y procesales y brindar oportunidades de tratamiento, rehabilitación y corrección comunitaria”.

El exfiscal federal, Osvaldo Carlo, hizo constar en aquel entonces que, para acogerse a tal programa, Montes Charbonier debió haber aceptado cierto grado de culpa en la comisión de delitos. Sin embargo, la exsecretaria general del Partido Nuevo Progresista rechazó que su hijo haya tenido que aceptar la culpa.

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Esta transacción se dio previo al juicio en el Charbonier Laureano y su esposo fueron encontrados culpables.

En la actualidad, la exrepresentante cumple una condena de ocho años de prisión, mientras su esposo deberá permanecer tras las rejas por cuatro años y nueve meses. Ambos están en prisiones en Texas.

El hijo fue implicado, ya que supuestamente recibió en su cuenta bancaria parte del dinero que sus padres obtuvieron de manera ilegal.

El joven, según trascendió en el juicio, también recibía beneficios federales a través de la Administración de Rehabilitación Vocacional.

Esta desestimación de los cargos se hizo con perjuicio. Eso quiere decir que se desestimó de manera permanente y el caso no puede volver a ser radicado en un futuro o afectar su récord criminal.

Según se determinó en un juicio por jurado, Charbonier Laureano y Montes Rivera se beneficiaron de un esquema de sobornos, en los que se apropiaron de $136,500. La Fiscalía federal ha solicitado que devuelvan esa misma cantidad al gobierno de Puerto Rico.

La pareja resultó convicta el 12 de enero del 2024 de cargos por conspiración, robo, soborno y comisiones ilegales en relación con programas que reciben fondos federales, fraude electrónico por servicios honestos, así como dos cargos de lavado de dinero. Contra la exrepresentante también pesó un cargo de obstrucción a la justicia por destruir datos en su teléfono celular. En total, la exrepresentante fue encontrada culpable de 12 cargos y Montes Rivera de 11 cargos.

La acusación presentada por la Fiscalía federal estableció que Charbonier Laureano infló el salario de Frances Acevedo Ceballos, quien era su “recepcionista-secretaria” en la oficina legislativa, hasta llevarlo a $8,000 mensuales, para que esta devolviera a la familia entre $1,000 a $1,500 bisemanales. Se alude que, bajo este esquema, la exlegisladora habría recibido unos $100,000 desde septiembre de 2017 hasta verano del 2020, los cuales no reportó como devengados ni en sus planillas contributivas ni en sus informes éticos.

Acevedo Ceballos se declaró culpable y cumple una pena en prisión de tres años y un mes.