La Constitución de Puerto Rico no contempla la pena de muerte, pero cada vez que ocurre un asesinato en el que a la víctima no se le encuentra vínculo con actividades ilícitas, un gran segmento de la población manifiesta que lo justo es que el homicida enfrente la pena capital. En el caso del asesinato de cuatro miembros de una familia en Guaynabo y ya con el rostro de los dos detenidos por este crimen, el coro de voces que la aclaman parece mayor.

Para el  abogado y exdirector de la Sección de Puerto Rico de Amnistía Internacional, Osvaldo Burgos, el respaldo a la pena de muerte es entendible en un país donde “las políticas de mano dura siempre han tenido arraigo porque no nos han educado sobre las causas de la criminalidad”.

“Nunca hemos tenido un análisis profundo. La parte fácil es cometiste un delito, pues vamos para la cárcel, pero eso no le resuelve el problema a nadie. Mañana conseguimos la pena de muerte, ¿resolvemos el problema?, pues no”, señaló el defensor de los derechos civiles.

Independientemente de las estadísticas del crimen y de que los gobernantes de turno digan que ha bajado, a Burgos le parece que el sentido de inseguridad es mayor.

“Y para qué está el Estado, ¿para replicar los patrones de violencia o para ayudar a eliminarlos? Además de la muerte callejera, ¿también le vamos a dar autoridad a nuestros gobernantes para matar?”, cuestionó.

El abogado reiteró que puede comprender que se haya avivado el apoyo a la pena capital. “Eso obedece a una cultura de revancha, pero el sistema judicial no se puede hacer eco de las pasiones humanas. El ideal es de justicia, no de revancha”, dijo al añadir que, además, tendríamos que tener un sistema judicial que no se equivoque “y aquí falla todos los días”.

Este es el momento, según Burgos, de tener un proceso de reflexión profunda y buscar alternativas eficaces para combatir la violencia, pero en su origen.

“Ese sentido de impotencia no lo va a resolver la pena de muerte. Mañana no tenemos a estos dos (los acusados por la masacre en Los Frailes), pero tenemos otros más. La pena de muerte no es justicia, es violencia y el país no necesita más violencia”, insistió.

Además de porque ha demostrado no ser un disuasivo, Burgos invitó a la ciudadanía a preguntarse si hay algún funcionario en quien confiarían como para darle el derecho a “decidir sobre nuestras vidas”.