El productor televisivo Antulio “Kobbo” Santarrosa, conocido por el personaje de “La Comay”, fue citado por la fiscalía para testificar hoy, martes, en el juicio que se sigue contra Raphy Pina en el Tribunal Federal, en Hato Rey.

La producción del programa televisivo de TeleOnce confirmó a este medio que la citación está pautada para hoy, a la 1:00 p.m.

Santarrosa dijo a su llegada al tribunal que desconocía la razón para la citación y que lo tomó por sorpresa.

“No sé ni de qué se trata esto”, sostuvo el productor a preguntas de la prensa.

Confirmó que la citación la recibió ayer, mientras indicó que no está preocupado “en lo absoluto” la comparecencia al tribunal.

El nombre de Santarrosa surgió en el caso por primera vez cuando el juez Francisco Besosa lo leyó de una lista de nombres que incluía a potenciales testigos del caso, incluyendo agentes federales y empleados del gobierno.

Mientras, entre otros nombres, el juez también leyó el del cantante de música urbana Daddy Yankee, pero la defensa de Pina, quien representa artísticamente al reguetonero, negó que sea un testigo en el caso, sino que su nombre fue leído como uno de los que será mencionado durante el juicio.

De igual manera, la portavoz del cantante aseguró ayer en declaraciones escritas que Daddy Yankee no ha sido citado.

Ayer, en la tarde, el nombre de Santarrosa volvió a surgir durante los argumentos iniciales de la fiscal federal María Montañez en el primer día del juicio.

Según Montañez, el FBI interceptó una llamada telefónica entre Pina Nieves y Santarrosa en marzo de 2020. Indicó que en esa conversación supuestamente el acusado dijo que era suya la casa en la urbanización Caguas Real, donde los agentes ocuparon dos armas de fuego y municiones.

La fiscalía federal busca convencer al jurado de que Pina Nieves tenía “posesión constructiva” de las armas de fuego. Eso quiere decir que tenía “control” de estas, lo que tiene prohibido como condición de convicto federal, tras declararse culpable por fraude bancario en el 2015.

Pina Nieves enfrenta dos cargos por posesión de un arma de fuego modificada ilegalmente para disparar de forma automática y por posesión de un arma de fuego por parte de una persona que fue convicta por un delito federal.

Por cada cargo se expone a un máximo de 10 años de prisión.