La exsecretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher, se entregó durante la tarde de hoy a las autoridades federales en Filadelfia (Pensilvania) ante una nueva orden de arresto en su contra.

Keleher y un consultor, identificado como Ariel Gutiérrez Rodríguez, fueron imputados por participar en un esquema de soborno y conspiración para cometer fraude, según informó la Fiscalía federal en Puerto Rico mediante un comunicado de prensa.

De acuerdo a las autoridades federales, Gutiérrez Rodríguez facilitó que Keleher recibiera beneficios financieros en relación con un arrendamiento y compra de un apartamento en Ciudadela, en Santurce, a cambio de que esta firmara una carta que pretendía entregar 1,034 pies cuadrados de la escuela Padre Rufo a una empresa privada.

La acusación señala que para el 7 de junio de 2018 Keleher firmó un contrato de arrendamiento con un acuerdo de compra para un apartamento de dos habitaciones en el complejo. El acuerdo le permitía ocupar el apartamento hasta el 15 de agosto de 2018 bajo una renta de un dólar, aunque el valor del alquiler ascendía a $1,500.

El documento menciona que la extitular debía comprar el apartamento por $297,500 y recibir un bono de incentivo de $12,000 en relación con dicha compra. "Aunque el acuerdo expiró el 15 de agosto de 2018, Keleher permaneció viviendo en el apartamento hasta que realmente lo compró el 4 de diciembre de 2018 o alrededor de esa fecha. Es decir, a Keleher se le permitió ocupar el apartamento desde el 7 de junio de 2018 hasta el 4 de diciembre de 2018, por la cantidad nominal de $1.00", añade el escrito.

Por este esquema, contra Keleher pesan cargos criminales por conspiración para cometer fraude de servicios honestos, fraude electrónico y aceptar un soborno. Mientras, contra Gutiérrez Rodríguez fueron radicados cargos por conspiración para cometer fraude de servicios honestos, fraude electrónico y pago de un soborno.

"Cualquier persona involucrada en el soborno de un funcionario público busca poner sus propios intereses por encima de los del pueblo de Puerto Rico. Sin embargo, esos partidos corruptos eventualmente pagarán un precio mucho más alto al sistema de justicia penal, y continuaremos entregándolos al tribunal federal. Este ha sido nuestro compromiso con el pueblo de Puerto Rico y tenemos la intención de mantenerlo en los próximos años", expresó el agente especial a cargo del FBI en la Isla, Douglas Leff.

"La corrupción pública continúa erosionando la confianza entre los funcionarios del gobierno y nuestros ciudadanos. La demandada Keleher explotó su posición en el gobierno para beneficiarse a sí misma y a otras personas privadas", sostuvo por su parte el jefe de la fiscalía, Stephen Muldrow.

"A los funcionarios del gobierno se les confía el desempeño de sus funciones de manera honesta y ética. Cuando no lo hagan, serán responsables de rendir cuentas", puntualizó Muldrow.

De ser hallados culpables, Keleher y Gutiérrez Rodríguez enfrentarían condenas de hasta 10 años por conspiración y soborno en programas federales, y hasta 20 años por fraude electrónico.

Keleher también está acusada a nivel federal de siete cargos de corrupción por delitos cometidos cuando dirigía Educación. El juicio por estos cargos está pautado para el próximo 4 de mayo en el Tribunal Federal de San Juan.