Antonio Ramos Cruz, quien resultó convicto por la llamada masacre de Trujillo Alto ocurrida en el 1989, se le tendrá que realizar un nuevo juicio a nivel estatal, el cual deberá celebrarse en o antes de 60 días.

Así lo determinó ayer, lunes, el juez federal Francisco Besosa, en una decisión que tomó ante un recurso de habeas corpus que presentó el hombre y al que el Proyecto Inocencia de Puerto Rico, adscrito a la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, le dio su apoyo.

Específicamente, el juez indicó en su decisión que “se ordena al Estado Libre Asociado de Puerto Rico que vuelva a juzgar a Antonio Ramos Cruz dentro de los sesenta días o que lo libere de la custodia”.

El Departamento de Justicia, en unas declaraciones escritas, informó que “se encuentra evaluando la decisión para determinar el curso de acción correspondiente. Se acaba de recibir el documento ayer, que es voluminoso, y se examinará responsablemente”.

En esta massacre, reportada el 25 de junio de 1989, murieron Haydée Maymí y sus hijos Eduardo, de 5 años y Melissa, de 3. El cuerpo de la madre fue hallado en una bañera, mientras que los cuerpos de los menores fueron encontrados en la nevera y refrigerador de la residencia.

Por este caso, además de Ramos Cruz, fue acusado Juan Carlos Meléndez Serrano. Ambos fueron condenados a cumplir 297 años de prisión en el 1992.

En su proceso para reclamar la Inocencia, el juez federal ordenó el 31 de agosto de 2023 la liberación de Ramos Cruz.

El director de Proyecto Dignidad y decano de la Escuela de Derecho, Julio Fontanet, explicó en comunicado de prensa que “a Antonio Ramos Cruz se le había concedido un nuevo juicio en el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico mediante una determinación de la juez Berthaida Seijo Ortiz. Inexplicablemente, el Tribunal de Apelaciones revocó dicha determinación, en votación dos a uno, con el voto disidente del juez Carlos Salgado Schwarz, quien a su vez es presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura. El Proyecto Inocencia felicita y reconoce el trabajo de la oficina del Defensor Público Federal y a los abogados Franco Pérez Redondo y Kevin Lerman, quienes presentaron una solicitud de Hábeas Corpus, la cual fue declarada ha lugar en una extensa decisión de 80 páginas del juez Francisco A. Besosa˝.

Explicó que el juez concluyó que los dos jueces que revocaron la concesión de un nuevo juicio analizaron de manera irrazonable e incorrecta tanto las determinaciones de hechos, como el derecho aplicable, el cual había sido correctamente aplicado por la jueza Seijo Ortiz.

Según Fontanet, “la decisión del juez Besosa constituye también una reivindicación póstuma de la patóloga forense del caso, doctora Lyvia Álvarez Págan, quien realizó los protocolos de autopsia de las víctimas y quien siempre sostuvo la inocencia de Antonio”.

˝Como fue previamente difundido, a la doctora Álvarez, quien hizo expresiones muy críticas en cuanto a cómo dicho caso fue manejado por el fiscal Andrés Rodríguez Elías, no se le permitió declarar en el juicio, a pesar de ésta haber estado disponible para así hacerlo˝, recordó el decano.

Asimismo, Fontanet informó que han detectado nueva prueba, particularmente un nuevo testimonio, que identifica a un posible autor de estos asesinatos y quien, en un momento dado, fue sospechoso de los tres asesinatos. No dio detalles de quién es la persona. Sin embargo, reclamó la pronta celebración del juicio para presentar la prueba exculpatoria.