El Departamento de Justicia concurrió con el juez José J. Ramírez Lluch de que la defensa de Pablo Casellas Toro tuvo tiempo suficiente para preparase para el inicio del juicio contra el corredor de seguros por la muerte de su esposa Carmen Paredes Cintrón.

La Procuradora General, Margarita Mercado Echegaray, en un escrito en cumplimiento de orden, indicó al Tribunal de Apelaciones que el Tribunal de Primera Instancia actuó conforme a derecho al no paralizar el inicio del juicio en su fondo contra Casellas, el pasado 17 abril.

La defensa recurrió al Tribunal de Apelaciones con un recurso de Certiorari solicitando que el juicio sea pospuesto por 47 días para poder prepararse adecuadamente.

Alegó la defensa que el Tribunal de Primera Instancia cometió error al negarle a Casellas “un descubrimiento de prueba, un juicio justo e imparcial, cotejar el jurado sea uno representativo, escoger libremente sus abogados, tener una asistencia legal adecuada y que los abogados escogidos tengan tiempo razonable para prepararse y poder entrar a juicio de manera tal que le provean una representanción adecuada y efectiva”.

“Por consiguiente, el curso de acción desplegado por el Tribunal de Primera Instancia constituye un quebranto a los derechos dimanantes del Art. II, secs. 7 y 11 de nuestra Constitución, y de la Enmienda VI de la Constitución de Estados Unidos”, destacó el recurso sometido por la defensa.

No obstante, la procuradora manifestó que el Tribunal de Primera Instancia actuó de manera correcta tras concederle tiempo “razonable” a la defensa para prepararse para el inicio de la selección del jurado.

"Con dicho proceder el tribunal estableció mecanismos adecuados para garantizarle al acusado: 1) derecho a un descubrimiento de prueba adecuado, 2) derecho a un juicio justo e imparcial, 3) derecho a impugnar la admisibilidad de la evidencia que pretende presentar el Estado, 4) derecho a que el juicio se ventile ante un jurado imparcial que sea representativo de la comunidad que reside, y 5) derecho a recibir una representación legal efectiva y adecuada", detalla el escrito.

Además, en el documento sometido por la procuradora se aclara que la posición de Justicia “no constituye una aceptación de los errores y argumentos planteados por el peticionario en su recurso”.