El Departamento de Justicia encaminó una investigación preliminar contra la senadora popular  Mari Tere González, ante la posible comisión de delitos.

La pesquisa tiene que ver con uno de los informes que rindió la legisladora a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), supo Primera Hora. 

La pesquisa se relaciona de forma indirecta con el testimonio del convicto recaudador político, Anaudi Hernández Pérez.

“El Departamento de Justicia, mediante requerimientos de información (subponeas) identificó un documento juramentado que apunta a posible comisión de delitos”, informó la fiscal Gretchen Camacho Rossy, directora de la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Asuntos del Contralor (Dipdeac) del Departamento de Justicia.

La fiscal indicó por escrito que la investigación preliminar le fue notificada ayer a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei), debido a que  es la dependencia con jurisdicción para encausar a legisladores y a  funcionarios electos en el País, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 8 de la Ley Núm. 2 de 1988.

Justicia destacó a dos fiscales en las vistas del  juicio federal contra Hernández Pérez, para recoger de primera mano datos que pudieran dar indicio a posible comisión de delitos estatales.

Desde entonces, la Dipdeac efectúa una pesquisa amplia que incluye  solicitudes de prueba documental, entrevistas, entre otras gestiones.

Según establece la ley de la Opfei,  Justicia cuenta con 90 días para hacer la investigación preliminar. 

Transcurrido este periodo, Justicia referiría la investigación preliminar a la Opfei para su evaluación y determinación final en el caso.

El pasado 7 de septiembre, González renunció a su candidatura a la reelección luego de ampararse en la quinta enmienda como testigo en el juicio federal contra Hernández Pérez y varios ex y funcionarios del Gobierno por un esquema de favores políticos.

González invocó su derecho a  no autoincriminarse en dos ocasiones al ser cuestionada por la defensa de la acusada Sally López Martínez, exdirectora de la Administración de Derecho Laboral (ADL), sobre un pago de $2,000 que le hizo supuestamente  Hernández Pérez; y al ser preguntada sobre si ayudó a ese recaudador para el nombramiento de la coacusada Sonia Barreto, exdirectora de Compras en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

La saliente senadora González no estuvo disponible para reaccionar al anuncio sobre la pesquisa en su contra.