La Unidad de Control de Fraude al Medicaid (PR-MFCU), radicó 60 cargos contra dos hogares de cuidado de envejecientes y sus dueños por violaciones al Código Penal de Puerto Rico, en casos separados, informó hoy el secretario del Departamento de Justicia (DJ), Domingo Emanuelli Hernández.

Gabriel Santiago Báez, dueño y operador del Hogar Humacao Home Care, enfrenta 32 cargos, que incluyen explotación financiera, apropiación ilegal de identidad, fraude y apropiación ilegal de fondos públicos.

Mientras que, María Burgos Ortiz, dueña y operadora del Hogar Fuente de Salud, fue acusada 20 cargos por infringir las mismas disposiciones del estatuto, según un comunicado de prensa.

Conforme a las investigaciones del DJ, ambos imputados reclamaron y se apropiaron fraudulentamente de los fondos que les correspondían a los envejecientes por virtud de un programa de incentivos para mitigar el impacto de la pandemia del COVID-19, creado mediante la legislación federal Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act (Cares Act).

Al Hogar Humacao Home Care y Hogar Fuente de Salud también les formularon cargos de apropiación ilegal de fondos públicos, debido a que el dinero fue depositado en las cuentas bancarias de las instituciones.

En el caso contra Burgos Ortiz y el Hogar Fuente de Salud, la jueza Karina Díaz Pérez, del Tribunal de Primera Instancia de Humacao, determinó causa para arresto y le fijó una fianza de $204,000.00. La imputada se allanó a la determinación del tribunal.

La vista en el caso contra Santiago Báez y el Hogar Humacao Home Care tuvo que ser suspendida, debido a que la institución no se encontraba representada por un abogado. La fiscal Brenda Rosado Aponte, quien representó al DJ, explicó que el abogado del dueño del hogar, el licenciado Julián Domenech, pretendió fungir como defensor de la corporación, pero el Ministerio Público se opuso porque constituiría un conflicto de interés. Posteriormente, el licenciado desistió. La jueza reseñaló la vista de Regla 6 para el 17 de marzo a la 1:00 p.m.

“Estos son casos muy tristes y provocan gran indignación. Los hechos se remontan al periodo en que todos nos enfrentamos a una pandemia que paralizó el mundo y afectó la salud y la economía de los ciudadanos, especialmente de los adultos mayores. Los imputados tenían el deber de cuidar a personas que se encontraban muy vulnerables, pero hicieron lo contrario; les arrebataron sus beneficios para lidiar con la pandemia. Si pensaron que se librarían de las consecuencias, lamento informarles que ahora tendrán que enfrentar la justicia”, sentenció el secretario de Justicia.

Surge de la investigación que, entre mayo de 2020 al mes de abril de 2021, los imputados se apropiaron de la identidad de varios adultos mayores y sometieron ante el portal provisto por el Departamento de Hacienda varias solicitudes para recibir los incentivos federales. Estos utilizaron la cuenta bancaria de sus instituciones para cobrar el dinero de los envejecientes sin haber requerido ningún tipo de autorización.

Durante los meses de junio hasta abril de 2021, Burgos Ortiz solicitó los incentivos económicos a nombre de cuatro adultos mayores, quienes residían en el Hogar Fuente de Salud, y se apropió de una cantidad que supera los $12,000.00 correspondientes a los incentivos económicos para los envejecientes. “En este caso, la investigación reveló que la imputada utilizó hasta información personal de adultos fallecidos o que no se encontraban bajo su custodia”, indicó Emanuelli Hernández.

La investigación, liderada por la fiscal Rosado Aponte junto al agente Héctor López Sánchez, inició en el mes de diciembre de 2021, cuando la Unidad de Control de Fraude al Medicaid recibió un referido del Departamento de la Familia (DF) donde se alegaba maltrato institucional. Cabe señalar que ese año el DF canceló la licencia para operar tanto del Hogar Humacao Home Care como del Hogar Fuente de Salud.

La Unidad de Control de Fraude al Medicaid de Puerto Rico recibe el 75% de su financiamiento del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Lo anterior, en virtud de una subvención que totaliza $1,235,287.16 para el año fiscal federal 2022-2023. El 25% restante, que totaliza $308,821.79 para el año fiscal 2022-2023, es financiado por el Gobierno de Puerto Rico.