El Departamento de Justicia presentó esta tarde una moción de reconsideración y relevo de orden ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan para evitar tener que entregar el informe que realizó Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) sobre almacén de suministros ubicado en La Guancha de Ponce a la Cámara de Representantes.

La información la dio a conocer en un comunicado de prensa emitido a las 4:30 p.m., justo cuando se cumplieron las 24 horas que concedió el juez Anthony Cuevas Ramos para que se entregara el documento a la Cámara. El informe es necesario en este cuerpo legislativo para proseguir con una investigación que realiza la Comisión Especial de la Cámara de Recuperación y Preparación Total sobre la controversia del almacén en Ponce que mantenía el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead), según planteó el presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, en la demanda que radicó a principios de esta semana.

Sin embargo, Justicia insistió en mantener el documento que preparó el NIE, durante una investigación preliminar que realizó en un plazo de 48 horas sobre la manera en que fue manejado el almacén, de manera “confidencial”.

En la moción, se le solicita al Tribunal que exima a los funcionarios de la producción de dicho documento dado a que el informe solicitado por la Comisión Especial forma parte de la información recopilada por el Departamento de Justicia en una investigación en curso. Alude a que su contenido “es confidencial y no puede ser divulgado por disposición de ley”.

La secretaria de Justicia, Denisse Longo Quiñones, indicó en las declaraciones escritas que “ha sido la propia Asamblea Legislativa quien ha restringido, sin excepción alguna, la confidencialidad de la información recopilada por el Departamento de Justicia como parte de una investigación en curso. Reconocer y mantener la confidencialidad del expendiente investigativo no limita o perjudica de manera alguna el que la Comisión Especial lleve a cabo su propia investigación, cite a los funcionarios que entienda necesarios para cuestionarles y llegue a sus propias conclusiones para obtener conocimiento de la legislación que sea necesaria adoptar para enfrentar problemas futuros con el manejo de suministros. Es por esto que sometemos al Tribunal que ordenar la entrega del informe es contrario a derecho”.

La funcionaria añadió que “establecer que la Asamblea Legislativa puede intervenir en investigaciones en curso del Departamento de Justicia sería una clara violación a la separación de poderes y permitiría la intervención indebida de una rama sobre los poderes de otra. Por tanto, esperamos que el Tribunal acoja nuestros planteamientos para hacer valer el ordenamiento constitucional de separación de poderes. Concluir lo contrario, sería reconocer que ahora una comisión legislativa podría convertirse en una entidad de “law enforcement” o de cumplimiento de ley, permitiéndole así usurpar los poderes constitucionales delegados a la Rama Ejecutiva”.

La controversia del almacén de Manejo de Emergencias en La Guancha salió a relucir el 18 de enero, cuando un grupo de ciudadanos denunciaron que en su interior había comestibles y agua expirada, así como catres y toldos que eran necesarios para atender la emergencia que se reportaba en el suroeste a consecuencia de los terremotos.

A raíz de la situación, la gobernadora Wanda Vázquez destituyó al entonces director del Nmead, Carlos Acevedo, y ordenó la pesquisa.

Longo Quiñones ha revelado que la investigación sobre si hubo o no un mal manejo del almacén puede demorar tres años.

Primera Hora intentó conseguir una reacción del presidente de la Comisión Especial de la Cámara de Recuperación y Preparación Total, Gabriel Rodríguez Aguiló, sobre esta petición de Justicia para no entregarles el informe. Sin embargo, el funcionario no respondió debido a que se encontraba en sesión legislativa.