El Departamento de Justicia investiga a una media docena de personas como parte de la pesquisa que inició a principios de este mes en torno a alegados actos de corrupción y faltas éticas que han surgido de los testimonios vertidos durante el  juicio en el Tribunal Federal para el Distrito de San Juan contra el exrecaudador del PPD Anaudi Hernández y cinco exfuncionarios gubernamentales.

El secretario del DJ, César Miranda, aclaró que al presente no hay referidos ante su consideración ya que la investigación fue una iniciativa de su agencia para tratar de identificar funcionarios que hayan cometido delitos de jurisdicción local para proceder con la radicación de los cargos correspondientes.

“Referidos como tal no hay, lo que hay es una iniciativa del Departamento de Justicia para tratar de identificar aquellos delitos de jurisdicción local que se hayan podido cometer. Nosotros hemos iniciado una investigación paralela a lo que ha estado aconteciendo porque ha surgido información que verdaderamente nos era desconocida con relación a potenciales violaciones a la Ley Electoral de Puerto Rico y entonces lo que he hecho es coordinar esfuerzos con el Contralor Electoral y conjuntamente mirar si algunas de estas violaciones constituyen violaciones a le ley local” detalló Miranda, quien funge como gobernador interino.

El titular del DJ no quiso mencionar los nombres de los funcionarios que son objeto de la pesquisa, ni siquiera el de la senadora popular Mari Tere González que es investigada por alegadamente recibir un donativo de $2,000 que no figura en los informes financieros rendidos ante la Oficina del Contralor Electoral.

Al preguntarle  en varias ocasiones si el expresidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló está en la lista de los investigados, Miranda insistió en que no hará públicos los nombres pero hizo una distinción entre los funcionarios públicos mencionados en el juicio federal y aquellos implicados en la posible comisión de un delito.

“Cuidado, no todo el que es mencionado se ha mencionado con unos datos que particularicen el potencial de un delito. Mucha gente se ha mencionado. A los que se ha mencionado y se ha mencionado conducta que pueda constituir delito”, advirtió Miranda sobre el caso particular de Perelló.

Aunque reconoció que investigan a “5 o 6 personas” tampoco quiso revelar si todos son funcionarios públicos o legisladores.  

Miranda tampoco pudo precisar si la investigación podría culminar antes de enero debido a que necesitan que se dicte sentencia para tener acceso a cierta información que es fundamental para los fiscales.