El Director Ejecutivo del capítulo local de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, siglas en inglés) que han estado en comunicación con funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que la Policía de Puerto Rico se enfrentará a una intervención federal por su violación consistente de derechos civiles a través de muchos años.

La acción de las autoridades federales responde, según William Meléndez, a la falta de control sobre un cuerpo que describió como una “policía política” que actúa, no como ente de seguridad pública, sino para acallar las voces del pueblo.

Reveló que lo que se ha discutido es que el gobierno federal le propondrá a la Policía un “consent decree” o acuerdo de consentimiento, para evitar un litigio de forma que se evite un gasto oneroso al pueblo de Puerto Rico y que si el gobierno lo confronta, sería “para defender algo que es indefendible”.

Meléndez  en una entrevista con Radio Isla que representantes de la ACLU local estuvieron recientemente en Washington D.C. para discutir una denuncia contra la Policía de Puerto Rico ante las Naciones Unidas y de paso “aprovechamos para concertar una reunión con el Departamento de Justicia, la cual han aceptado”.

Declinó revelar la identidad de los funcionarios con que se reunirá porque le solicitaron no divulgar detalles.

“Sí, es de alto nivel en el Departamento de Justicia”, aceptó.

Meléndez dijo que desconocía hasta hoy que el gobierno puertorriqueño contrató los servicios de un bufete para defenderse de las alegaciones de violación de derechos civiles.

“Es lamentable que el gobierno de Puerto Rico asuma esa postura con dineros del pueblo. Un contrato que va a ser millonario porque realmente cuando se trata de estos bufetes comienza con 800 mil dólares, pero al final podemos contabilizar que estamos hablando de millones en un momento donde han desempleado tanta y tantas personas en Puerto Rico; sobre un asunto que hay tanta evidencia abundante de los abusos de la Policía de Puerto Rico que realmente no hay por qué pelearlos, y se va contra la corriente porque lo que se espera en el Departamento de Justicia es que se haga una oferta al gobierno de Puerto Rico para que se acojan a un plan de corrección, que es lo que todo el mundo está llamando.”

A pregunta sobre las implicaciones de esto para el Superintendente, Meléndez aclaró que “esto comenzó con (el ex superintendente Pedro) Toledo. Él (José Figueroa Sancha) lo que ha hecho es que lo ha llevado a otro nivel. Esto es un problema de la Policía de años y trasciende todos los partidos políticos, y es que nadie ha tomado acción para controlar el cuerpo de la Policía de Puerto Rico”.

Meléndez denunció que el problema es la utilización de la Policía, “no sólo como un cuerpo policiaco de seguridad, sino como una policía política… para acallar al pueblo”.