La Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM) del Departamento de Justicia radicó hoy una demanda contra el Municipio de Cabo Rojo por la otorgación de un contrato exclusivo a Consolidated Waste Services (CWS) y Consolidated Waste Managers (CWM) para el recogido de los desperdicios sólidos con la venta exclusiva de bolsas plásticas anaranjadas, comunicó la secretaria Wanda Vázquez Garced.

Las alegaciones de la demanda aducen sobre la pretensión de los demandados a consumar un contrato cuyo efecto, alegadamente, es prevenir la competencia y crear un monopolio en el mercado del recogido de desperdicios sólidos y de la venta de bolsas plásticas.

Según la Ordenanza Municipal, los ciudadanos deben adquirir las bolsas anaranjadas especializadas, que serán distribuidas por ambas compañías, y no pueden ser sustituidas por ninguna otra bolsa disponible en el mercado.

“Tanto los asuntos concernientes a las restricciones al comercio y los monopolios como los asuntos relacionados a la salud pública de los ciudadanos de Puerto Rico están revestidos de un alto interés público.  En vista de lo anterior, la OAM presentó una Solicitud de Orden Provisional paralice la implantación de la Ordenanza Municipal y el contrato”, manifestó la secretaria auxiliar de la OAM, Denise Maldonado Rosa, en un parte de prensa.

Según detalló Maldonado Rosa, la demanda solicita al Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez que emita una sentencia declaratoria; una orden provisional de restricción y prohibición; y un interdicto preliminar y permanente en contra del Municipio de Cabo Rojo y ambas compañías por violación a la Ley de Monopolios y Restricción al Comercio.

“El Departamento de Justicia, en su capacidad fiscalizadora, no va a permitir violaciones a la Ley de Monopolios y Restricción al Comercio. Debe existir la libre competencia y se penalizarán actos que restringen a otros a brindar servicios y fijen precios. Evitaremos que empresas controlen el mercado en perjuicio a los ciudadanos. Las empresas tienen derecho a competir en igualdad de condiciones”, expresó la secretaria de Justicia.

La jueza Lynette Ortiz Martínez, del Tribunal de Mayagüez, emitió una orden a las partes demandadas para que cesen de forma inmediata la implantación de la ordenanza aprobada el 5 de abril de 2017 y el efecto de las cláusulas contractuales. La misma entró en vigor de inmediato y estará vigente hasta el lunes, 19 de junio a las 2:00 p.m., fecha en que se convocó a las partes para una vista urgente sobre Remedios Provisionales y sobre Interdicto Preliminar.

La investigación de este caso continúa activa ante la OAM.