El Departamento de Justicia anunció este martes que demandó a sobre 30 convictos por corrupción para recobrar los fondos públicos que obtuvieron a través de esquemas ilegales, lo que provocó pérdidas millonarias a las arcas gubernamentales.

El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, indicó en conferencia de prensa que es la primera vez que la agencia procede de esta manera para “exigir la reparación de los daños que le ocasionaron a pueblo puertorriqueño mediante esquemas ilegales”.

“Yo lo que quiero es cambiar la cultura del país para que sepan que los corruptos no solamente tienen que ir presos porque, aparentemente, ir preso no es suficiente. Pues, vamos ahora a ir detrás de los bienes”, agregó.

Según explicó el funcionario desde la sede de Justicia, en Hato Rey, la Secretaría Auxiliar de lo Civil efectuó un “análisis jurídico completo y meticuloso” y presentó 15 demandas ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan para una cuantía que supera los $30 millones. Algunas de las demandas incluyen varios demandados por los mismos esquemas, precisó Emanuelli Hernández.

Las demandas fueron fundamentadas en el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico del 2018, por lo que se busca recuperar el dinero exigiéndoles a cada demandado una cuantía que suma tres veces “el daño que ocasionaron al malversar o apropiarse ilegalmente de los fondos públicos”.

“Se va sumando la pérdida líquida que tuvo el gobierno por cada demandante y en ese caso en particular se multiplica por tres. Los ($30 millones) es al centavo”, detalló.

El recobro incluirá incautarles “todo lo que tengan, propiedades muebles e inmuebles, dinero en efectivo” que fueron adquiridos del erario público de manera ilegal, explicó Emanuelli Hernández a Primera Hora, pues la ley provee remedios provisionales, como el embargo, que le permite al Departamento ser custodio de la propiedad y que “se puede cobrar en su día”.

“Por el mero hecho de que haya comentarios de que personas no tienen con qué pagar, no. Vamos a ir tras ellos y vamos a arrancarle hasta el último peso”, recalcó al pronosticar que podrían surgir más demandas.

“Queremos caerle encima al órgano que más le duele al corrupto, que es el bolsillo. Si ese escapa uno, cogemos a los demás. ¿Nuestra meta? Cogerlos a todos y cobrarle para que paguen lo (que le quitó) al pueblo puertorriqueño”, repitió.

Quiénes son

Los demandados incluyen a los exalcaldes de Guaynabo, Ángel Pérez Otero; Trujillo Alto, José L. Cruz Cruz; Cataño, Félix Delgado Montalvo; Guayama, Eduardo Cintrón Suárez; Humacao, Reinaldo Vargas Rodriguez; Yauco, Abel Nazario Quiñones y dos de Aguas Buenas, Javier García Jiménez y Luis Arroyo Chiqués.

También, la lista incluye como codemandados al empresario Oscar Santamaría, así como los exlegisladores, Nelson Del Valle Colón y Néstor Alonso Vega y María Milagros Charbonier, su esposo Orlando Montes Rivera y la exempleada de Charbonier, Frances M. Acevedo Ceballos.

Del mismo modo, en la lista están los exayudantes de los alcaldes convictos, como Javier Benítez Cardona (Cruz Cruz) y Edwin Torres Gutiérrez (Nazario Quiñones), al igual que los coacusados en el caso de corrupción contra Nazario Quiñones, Claribel Rodríguez Canchani, Humberto Oscar Pagán Sánchez, Kelvin Ortiz Vergara, Ramón Enrique Mates Negrón, Juan Rosario Núnez y Erick Rondón Rodríguez.

Asimismo, se incluyó a personas ligadas a la malversación de fondos ligados al municipio de Mayagüez, como el exconsultor financiero Eugenio García Jiménez, el excorredor de la bolsa Stephen Kirkland y su hermano Joseph, el exdirector ejecutivo de Mayagüez Economic Development (MEDI) Alejandro José Riera Fernández, el exjuez Arnaldo Jerónimo Irizarry Irizarry y el exasesor del alcalde José “Guillito” Guillermo Rodríguez Rodríguez, Roberto Mejil Tellado.

De la misma manera, se codemandaron a las corporaciones Waste Collection Corp y J.R. Asphalt, Inc. y su presidente Raymond Rodríguez Santos y su vicepresidente Mario Villegas Vargas.