El secretario de Justicia, César Miranda, anunció este lunes que próximamente apelará ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston la determinación del juez del Tribunal federal de Distrito, Francisco Besosa, de declarar inconstitucional la llamada Ley de Quiebra Criolla.

La decisión surge luego de que el pasado viernes el juez dejara sin efecto la Ley para el Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas, Ley Número 71-2014.

“Luego de un análisis de la determinación tomada por el juez federal Francisco Besosa, entendemos que es una incorrecta en derecho y tiene el efecto de dejar a Puerto Rico desprovisto de un marco jurídico que le permita a nuestras corporaciones públicas cumplir con sus obligaciones de manera ordenada, sin afectar la continuidad de los servicios esenciales que recibe la ciudadanía”, detalló Miranda en comunicado de prensa.

El secretario explicó que la Ley Número 71 del 2014 fue aprobada, ya que el Código de Quiebras de los Estados Unidos establece que las corporaciones públicas y otras entidades gubernamentales en la Isla no están cobijadas por esa regulación para negociar los términos de sus obligaciones. Además, dijo que con la aprobación de la legislación local se pretendía garantizar el cumplimiento de las deudas y viabilizar la recuperación de las corporaciones públicas de Puerto Rico.

Tras la declaración de inconstitucionalidad, Miranda indicó que Puerto Rico queda “en una especie de limbo jurídico, pues se le ha puesto en un estado de indefensión tras la búsqueda de una estructura organizada para poder atender los compromisos contraídos con los acreedores”.

“Quedamos privados del único instrumento que teníamos disponible para manejar la deuda de forma ordenada. El efecto práctico de la decisión es que permite un desorden en el cobro de las obligaciones de las corporaciones públicas, una consecuencia claramente incompatible con el propósito del Código de Quiebras de Estados Unidos”, manifestó.

Miranda declaró que está convencido que no existe impedimento legal alguno para que Puerto Rico implemente los procesos establecidos en la Ley de Quiebra Criolla. Por ello, considerará los remedios legales disponibles para que el estatuto continúe en vigor.

De inmediato, no mencionó cuándo se radicará el escrito de apelación.

La demanda que terminó en esta decisión contra el Gobierno de Puerto Rico la presentó Franklin California Tax Free Trust y Bluemountain Capital Management, LLC., ambos inversionistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

(SUBTÍYULO) Reacciona Pierluisi

Tras la determinación de Justicia de apelar, el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, insistió que lo que debe hacer el Gobierno es concentrar sus esfuerzos en lograr que Puerto Rico tenga acceso al Capítulo 9 del Código de Quiebras de Estados Unidos.

“La ventaja del Capítulo 9 es que cumple con todos los requisitos constitucionales y se ha utilizado en numerosas ocasiones para restructurar las deudas de entidades públicas como la AEE (Autoridad de Energía Eléctrica), la ACT (Autoridad de Carreteras y Transportación) y la AAA (Autoridad de Acueductos y Alcantarillados)”, sostuvo el comisionado. 

Agregó que “estoy seguro de que si llevamos una sola voz en el Congreso para reclamar el mismo trato que reciben los estados en esta área, lo vamos a lograr”. Pierluisi se apresta a radicar próximamente y por segunda vez una medida congresional que busca incluir a la Isla en el Capítulo o del Código de Quiebras federal.

“Espero contar con el apoyo de todos en Puerto Rico para que mi proyecto se convierta en ley", sentenció.