La exsecretaria de Educación, Julia Keleher, acudió esta tarde a su cita en el tribunal federal y se declaró no culpable de los siete cargos por corrupción que pesan contra ella.

Keleher compareció ante el magistrado ante el magistrado Marcos López y escucho las alegaciones en su contra, de conspirar para cometer fraude electrónico, conspirar para cometer un delito contra de los Estados Unidos (en este caso apropiarse ilegalmente de fondos federales), y otros cinco cargos de fraude electrónico.

Los cargos están relacionados a los dos esquemas de corrupción que se alega mantenía contra otros coacusados del caso, las hermanas Glenda y Mayra Ponce Mendoza, y Alberto Velázque Piñol.

Según explicó el magistrado, de ser hallada culpable en al menos cinco de los cargos, Keleher se expone a un máximo de 20 años de prisión, una multa de hasta $250,000 y tres hasta tres años de libertad supervisada.

Keleher, quien dijo ante el magistrado tener 44 años y permaneció serena durante toda la vista, tuvo una atropellada llegada al Tribunal Federal, luego que varios manifestantes la rodearan y le recriminaran por los esquemas de corrupción que se le atribuyen, y mediante los cuales ella y los coacusados se habrían apropiado de unos $13 millones.

Al momento de fijar la fianza, la abogada Domínguez pidió al magistrado que le concediera una fianza bajo su propia responsabilidad, es decir sin ningún monto, mientras que la fiscal Marie Christine Amy solicitó una fianza de $200,000.

Domínguez argumentó que su defendida no tiene antecedentes criminales, no es un peligro para la comunidad, vive hace tiempo en los Estados Unidos, ha trabajado, y además se presentó a la cita en el tribunal en San Juan, luego que primero fuera arrestada en Washington D.C., donde reside, y liberada bajo ciertas condiciones.

Pero Domínguez continuó defendiendo a Keleher indicando que esos criterios no debían tomarse en cuenta y que su defendida había probado no ser riesgo de fuga. Agregó que al momento se encuentra desempleada y carece de recursos para pagar una fianza.

Luego de escuchar los argumentos, el magistrado determinó “razonable” establecer condiciones de libertad bajo fianza “estándar”, con una fianza de $30,000, la mitad de ese monto asegurada. Añadió la condición de que entregara su pasaporte, y no podrá viajar fuera de los Estados Unidos. Sí le permitió moverse entre Puerto Rico y otros estados continentales, específicamente en los alrededores de Washington D.C., y a Pennsylvania, donde vive su familia.

Asimismo, el magistrado retiró la condición de someterse a pruebas de dopaje que había fijado el tribunal de Washington D.C. tras su arresto, pues consideró que la notaba “alerta, competente” y que respondió a todas sus preguntas.

La abogada Domínguez anticipó que radicaría pronto un recurso disputando los cargos contra su cliente.

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